CIDH: ¿Hoja de ruta o informe?
El informe de la CIDH denominado “Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales” va más allá de los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023 y abarca, en gran parte, la crisis político y social que vivimos en nuestro país, incluso desde la campaña presidencial. Sin embargo, se puede apreciar que este no ha contado con la objetividad esperada de un organismo internacional que se debe a la promoción de la observancia y defensa de los derechos humanos, pero respetando el orden jurídico constitucional de los Estados.
En primer lugar, el informe afirma que nuestra economía está basada en un modelo extractivista lo cual no ha reducido la desigualdad y ha limitado el desarrollo de nuestros pueblos indígenas, desconociendo nuestro modelo económico constitucional de Economía Social de Mercado. Lo que llama más la atención es que la fuente de esta información es una noticia publicada en la página web de Comex Perú que habla del crecimiento de las exportaciones peruanas en el 2022 para después enlazarlo con una Encuesta de Percepción de las Desigualdades del IEP, fundamentos que la CIDH considera suficientes para afirmar que en el fondo las protestas guardan relación con nuestro modelo social y económico.
Lo que no dice la Comisión es que si bien es cierto en nuestro país aún persisten las brechas de desigualdad y que esta afecta a nuestra población indígena de manera particular, esta realidad no fue la motivación de las protestas sino el pedido de liberación de Pedro Castillo, la Asamblea Constituyente y el adelanto de elecciones generales que son parte de la agenda política de la facción de izquierda, de lo cual existe abundante material periodístico que no fue incorporado al informe ni tampoco fueron mencionados los actores políticos tanto del gobierno de Castillo como de los partidos izquierdistas que actuaban como voceros de estas iniciativas, situación que forma parte de la línea temporal y causal de las protestas. Tampoco existió durante el gobierno de Castillo, discursos estigmatizantes de racismo, clasismo y victimización. Sin embargo, cuestiona los procesos de elección e iniciativas legislativas que son competencia de la Representación Nacional según mandato constitucional.
Se esperaba un informe centrado en las obligaciones del Estado peruano de investigar, sancionar y reparar a la totalidad de víctimas en el contexto de la protesta social, no se esperaba una hoja de ruta que trace el camino de reformas constitucionales y procesos políticos que solo competen a nuestro Estado conforme a sus competencias constitucionales. A todo esto, ¿qué observaciones realizó el Estado Peruano antes que el Informe sea publicado? Los peruanos tenemos derecho a saber.
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