CIDH y su informe adefesiero (I)
La RAE admite el vocablo “adefesiero” como un adjetivo usado en Sudamérica para referirse a quien hace o dice disparates, despropósitos o adefesios.
El 3 de mayo último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe denominado “Situación de los Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”, que elaboró a partir de su visita (dizque de trabajo) al país, los días 11 al 13 de enero, y que pretendidamente está relacionado con los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023.
De inicio debo dejar en claro que mis comentarios respecto al informe en nada pretenden defender al gobierno de Dina Boluarte, respecto de quien tengo desde hace casi dos años la convicción de que fue parte nuclear de la conspiración que llevó y mantuvo en el poder al mal chotano Pedro Castillo y es responsable de sus consecuencias, sin negar que tan lamentable coparticipación podría enmendarse si la actual presidenta decidiera sacudirse de ideas y personajes nocivos y actuar conforme lo exige el interés del país y el bienestar de los peruanos. Mi análisis y críticas –sustentadas– a un informe tendencioso solo responden a mi afán de defender la verdad y evitar que se imponga el mal, representado por el caviaraje internacional que tiene capturado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y es funcional al marxismo.
Califico de tendencioso el informe pues está plagado de falsedades como que luego del golpe de Castillo “tuvieron lugar numerosas y masivas manifestaciones pacíficas en el país”. Los peruanos no solo hemos visto a altos funcionarios del gobierno del inepto anunciar “ríos de sangre” si éste fuera defenestrado, sino que -salvo alguna excepción- todas las manifestaciones tuvieron por propósito la violencia y muerte para generar caos y recolocar en el cargo al golpista vacado. Pacíficas fueron sí las manifestaciones de ciudadanos que buscaron defender el sistema democrático y demostrar que una minoría vandálica no representaba a los peruanos.
Realmente siniestro es que el informe invente que detrás de las manifestaciones (violencia desatada por los defensores de Castillo, con dinero presuntamente obtenido del narcotráfico y corrupción, incluso internacionales), hubiera habido legítimas reivindicaciones de carácter étnico y cultural de pueblos del sur del país. Los perjuicios inmediatos a los emprendedores y población de Puno y Cusco, respectivamente, con la cancelación de su fiesta de la Candelaria y de su turismo receptivo, vinculados íntimamente a su raza y cultura, desmienten absolutamente el afán confusionista de la CIDH.
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