¿Cofopri se olvidó de fiscalizar?

La pregunta del titular de esta columna cobra actual y palpitante vigencia, más aún a la luz de lo que acontece en el proceso judicial que viene siguiendo la Asociación de Microempresarios Villa 2000 y desde su batalla administrativa ante el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri). Se trata de emprendedores modestos que se levantan pese a la crisis agudizada por la pandemia de la covid-19, procediendo estos patriotas en defensa de su legítimo derecho de posesión, velando por sus familias y buscando se respete su derecho al trabajo y la paz social.
Estamos ante un problema socioeconómico y la historia de un predio ubicado en el distrito limeño de Villa El Salvador (Lote 2, Manzana A, Sector 3, Grupo 1), que es un bien estatal de dominio privado, y que se encontraba inscrito a nombre de Cofopri en la Partida Electrónica P03035785 de esa entidad. Sobre esa ficha se asentó una escritura pública de prescripción adquisitiva notarial, a favor de Neri Dávila Ortiz por mandato judicial, como resultado de un proceso que los posesionarios del predio califican de arbitrario e irregular; además, denuncian que se inscribió una curiosa escritura pública de compraventa a favor de Jazmín Esperanza Dávila Aguilar, hija del referido personaje.
En este caso, desde los emprendedores se eleva un clamor en el sentido de que no solo la covid-19 mata su esperanza por una vida mejor para sus hijos, sino también el tráfico de tierras y las resoluciones judiciales o administrativas tardías, como las cuestionadas inacciones de la burocracia de Cofopri y su lentitud punible. Esta entidad adscrita al Ministerio de Vivienda es señalada por los microempresarios de proceder ilegalmente y con una absoluta falta de interés por la defensa de esa propiedad, amén del proceso de casación que se sigue en la Sala Suprema Civil Permanente (Exp. N° 01537-2021), corriendo el Estado el riesgo de perder dicha propiedad, con lo que se perjudicaría a los emprendedores que están en posesión del predio por más de 22 años.
Nuevamente el Estado paquidérmico e insensible actúa parcializadamente, favoreciendo a la viveza y criollada cuando lo correcto es ponderar los derechos de los ciudadanos. Cofopri está obligada a tener una función más proactiva y respetuosa de la legalidad, sobre todo en defensa de los bienes del Estado y de causas justas como la protagonizada por Asociación de Microempresarios Villa 2000. Cofopri, ¿por qué no fiscalizó conforme a ley?
@RafaelRomeroVas