Cohesión y coherencia para rescatar el Perú…

Castillo se vio obligado a producir un golpe de Estado acosado por la cantidad de carpetas fiscales abiertas en su contra como jefe de una organización criminal y viendo cómo, día a día, iban cayendo detenidos funcionarios, empresarios y demás sujetos vinculados en la suciedad de la corrupción, quienes acogiéndose a la colaboración eficaz apuntaban directamente en contra del presidente.

Fue un acto ridículo en apariencia porque Castillo jamás tuvo la seguridad de contar con el respaldo de las FF.AA. y PNP, pero esta ausencia debía ser suplida con el levantamiento sedicioso de una turba dirigida por infiltrados expertos en agitación social, manipulando protesta con violencia armada y toma por asalto de redes viales, refinerías, aeropuertos y pueblos paralizados para postrar económicamente al país y quebrar de ese modo a un gobierno debilitado y sin apoyo. Esta reacción forma parte de un movimiento táctico de guerra interna que cuenta con financiamiento nacional e internacional donde la droga, minería y tala ilegales, junto a las demás ilegalidades son las fuentes preferidas de esta gente. Sin embargo, con la grosera intromisión de los países chavistas y comunistas, alfiles del Foro de Sao Paulo, que actualmente lidera López Obrador, ya no cabe duda de que esta guerra también tiene un frente externo que debe enfrentarse con la mayor firmeza y sin contemplaciones. Lo que se hizo con el embajador mexicano debe hacerse con los de Colombia, Venezuela, Cuba y Bolivia, especialmente con estos cuatro porque los de Chile y Argentina no tienen mayor peso ofensivo en esta crisis.

Por tal razón en nuestra columna de la semana pasada hemos resaltado la adecuada reacción de la presidenta Boluarte al declarar el estado de emergencia y disponer que nuestras FF.AA. y PNP impongan el orden legal y pacifiquen el país para evitar el caos y la anarquía. Lo malo es que, el poder caviar ha comenzado a hacer de las suyas, al generar invitaciones a la CIDH a visitar el país en medio de esta acción sediciosa, pero esgrimiendo la consabida tesis del “uso desproporcionado de la fuerza”, poniendo a nuestros militares y policías contra la pared judicial sin tener en cuenta que el ataque masivo que enfrentaban con una turba armada y violentamente destructora les obligaba a hacer uso de sus armas. Ya sabemos lo que dirá la CIDH porque aquí casi todos los medios de comunicación hablan constantemente, como verdad, sobre el uso excesivo de la fuerza victimizando a los sediciosos que ahora vuelven a las andadas, pasando al plan C, es decir, luchar para desmembrar el sur del país y anexarlo a Bolivia.

Es urgente analizar el caso Evo Morales el magnate del Chapare, zona de mayor producción de cocaína en Bolivia, quien aparece como el principal financista y promotor de la peregrina idea de anexar el sur del Perú a Bolivia.