¡Cómo para no creerlo!

¿Increíble? Si un delincuente lo asalta y le hurta, roba o se apodera de vuestro dinero, joyas, bienes, etc., y la Policía lo apresa y, por resolución fiscal o judicial, es detenido en una cárcel, durante su encierro es “mantenido” por el Estado con dinero proveniente de nuestros impuestos. El autor del delito en vuestro agravio, implícitamente, durante su encarcelamiento, es sostenido por los ciudadanos, y ni siquiera devuelven a sus víctimas los bienes que han robado.
El Código Tributario (Decreto Legislativo N.º 713) establece que los impuestos son una contribución obligatoria que todos los ciudadanos deben pagar al Estado, y si no se cumple, hasta pueden embargar los bienes. El Estado destina esos fondos para solventar los servicios públicos. Uno de estos es el costo oficial de mantenimiento de los reclusos. Es compromiso internacional “destinado a garantizar el respeto y dignidad de los reclusos”.
Según informaciones, el costo de mantenimiento de un recluso es de S/ 900.00 mensuales por alimentación (S/ 7.00 diarios), seguridad y otros servicios. El costo total de mantenimiento de las cárceles peruanas supera los S/ 32,000 millones anuales y el gasto mayor va al mantenimiento de las cárceles. Es significativo para el Estado. El INPE gasta aproximadamente S/ 3 millones diarios en la alimentación, acondicionamiento y protección de los reclusos.
Al comenzar el 2025 había 94,911 reclusos en 68 prisiones que solamente tenían capacidad para 41,019. La sobrepoblación penitenciaria en ese momento era de 53,892. En otro informe, se mencionan 98,255 internos en 69 cárceles, pese a que su capacidad era de 41,556. Había un exceso de 56,699 reclusos. El hacinamiento es un grave problema que implícitamente afecta la seguridad pública.
Se conoce: más de 35,000 internos son por robo y extorsión, 24,564 por delitos contra la libertad sexual, 21,616 contra la seguridad pública, 9,432 por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, 2,063 contra la tranquilidad pública, 1,474 contra la familia, 1,376 contra la administración pública, 902 contra la dignidad humana, 226 contra la fe pública, 138 por delitos contra el orden financiero y monetario, 503 por diversos delitos.
El 63 % de la población penitenciaria está sentenciada y el 37 % restante está en condición de procesado, es decir, acusados formalmente de un delito, pero se están investigando los cargos en su contra.
Conclusión: Los delincuentes son sostenidos gratuitamente en las cárceles con el dinero procedente de los impuestos que pagamos todos, entre ellos las víctimas de los malhechores. Lamentablemente, no se ha promulgado una norma legal que los obligue a trabajar dentro de las cárceles para que sufraguen su existencia.
¡Nos roban y todavía tenemos que mantenerlos!

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.