¿Cómo preservamos nuestra economía?
Por Sergio Bolívar
Una prueba de fuego para la economía es eliminar la norma que restringe el uso de la tercerización porque distancia al Perú de la OCDE.
Entramos a un nuevo ciclo de crisis política inmerso en tormentas informativas por actos de corrupción, que puede ocasionar más pobres en un país rico. El lunes 28 de febrero, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) dijo que las expectativas de crecimiento del Perú actualmente son muy bajas, de 3% al 2023, debido al alto nivel de la inestabilidad política. Es decir, nuestra economía ha dado señales de fatiga crónica, cuyo síntoma se denomina “El fin de la resiliencia económica”, que se debe a la incertidumbre provocada por el Gobierno.
Después de haber pasado lo más devastador de la pandemia, estamos en una caída del crecimiento que afecta a toda la ciudadanía y, en mayor medida, a los más pobres. En definitiva, la situación es cada vez más compleja para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con la espiral de escándalos políticos, que ahora se agrava con la Guerra en Ucrania.
El Gobierno sigue la narrativa de amigo-enemigo del sociólogo francés Julien Freund, estableciendo la condición de enemigo del pueblo a los golpistas opositores y los medios de comunicación. Como es su costumbre, evita dar explicaciones sobre qué hacer para vencer al enemigo interno, que es la corrupción cercana al Presidente. La exigua respuesta de “…aún no hay nada demostrado”, sólo suscita desconfianza y agrava el daño en el campo económico y la reputación del país.
La prueba política para el Presidente es cómo termina y no cómo comienza. Con una aprobación en descenso, ¿en qué pensaba el Presidente cuando suscribió el 23 de febrero el DS 001-2022-TR que dio fin a la tercerización? La decisión de pasar por alto la opinión contraria del MEF refleja una conducta de falso amigo de las inversiones que además distancia al Perú de la OCDE. El MEF fue claro al advertir que la norma afectaba la productividad y la formalidad de más de 100,000 trabajadores contratados.
Esta norma impactará a más de 950 empresas, en la mayoría del sector construcción, servicios y minería, que decidirán si asumen o no el costo. Despidos y cierres convertirán a profesionales formales en informales. Cualquier atisbo de ficción queda descartado por la experiencia demostrada de normas similares aplicadas en otros países. De acuerdo al Instituto Peruano de Economía (IPE), en Ecuador (2008) el 37% de las empresas tercerizadoras quebraron y el 80% de los trabajadores terminaron desempleados, en Bolivia la prohibición de la tercerización hizo nacer en la minería a las cooperativas de trabajadores independientes que ofrecían menos salarios y sin salud ni seguridad. En México, la norma condujo a que 46% de los trabajadores jamás retornen a planilla.
Las recomendaciones de la OCDE para el Perú están claramente en contra de la norma mencionada. En su Estudio Multidimensional del Perú 2015-16 indica que el país necesita reducir los costos de contratación formal, así como los costos administrativos y los costos fijos vinculados a la formalidad. Dicha entidad también advierte que el Perú tiene uno de los índices más altos de informalidad que afecta a más de 60% de los trabajadores al 2015, cifra que se ha incrementado notoriamente por la pandemia.
Es preferible el discernimiento y la ponderación en una situación de crisis. Más allá de que la narrativa de amigo-enemigo conduzca a cambios en el Gobierno, el Perú requerirá de un Senescal de Guerra, es decir la figura de un mayordomo o superintendente de hacienda que luche efectivamente contra la pobreza. Un prudente ministro Graham que deberá administrar el presupuesto para promover inversiones públicas y privadas. La prueba de fuego mientras el panorama político toma forma, es que el ministro establezca prioridades y domestique al enemigo interno eliminando la mencionada normativa con sesgo sindico-populista.
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