Cómo preservar la legitimidad en la vacancia y sustitución presidencial

Después de los últimos acontecimientos que motivaron la vacancia de la presidencia de la república, me siento en la obligación de recordar mis comentarios que fueron recogidos en varias de mis columnas que, por la gentileza del Diario Expreso, hace más de dos años di a conocer.
En primer lugar, en política hay que distinguir y precisar los términos de legalidad y legitimidad. La legalidad se refiere a que el procedimiento y la decisión que se llevan a cabo se encuadran en lo establecido por la norma jurídica vigente, independientemente de que nos guste o no lo que ella dispone; y la legitimidad, cuya valoración es sociológica y no jurídica, se refiere al nivel de aceptación popular con relación a cómo se procede y decide.
En ese sentido, no dejan de tener razón algunos analistas políticos cuando señalan que el caso del atentado delincuencial contra el conjunto “Agua Marina” únicamente fue el pretexto para que el Congreso peruano decidiera la vacancia de la presidencia de la república. Pues, el momento electoral, con miras a los próximos comicios de abril de 2026, y la casi nula legitimidad que tiene la actual representación parlamentaria, donde varios de sus integrantes pretenden volver a postular, fue lo que dio lugar a que se alcanzara la alta votación que el pueblo peruano estuvo reclamando mucho tiempo atrás.
Por lo tanto, se debe señalar que la decisión del actual Congreso tuvo legalidad e, igualmente, legitimidad. En todo caso, corresponderá al ciudadano peruano de a pie darse cuenta o no de cuál fue la verdadera motivación de los diferentes grupos parlamentarios para tomar dicha determinación.
En esta última ocasión, como cuando se decretó la vacancia del Ing. Fujimori, en aplicación del artículo constitucional que establece como causal la “incapacidad moral permanente”, y nadie lo objetó; ahora, con la Dra. Boluarte, la reacción ha sido la misma. Ello nos permite insistir nuevamente en que este efectivo mecanismo de control del poder político (utilizado y aplicado racional y responsablemente por un Parlamento) no debe ser modificado tratando de incluir precisiones innecesarias.
Cuando se producen, por decir lo menos, desencuentros entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y, lo que es más, desánimo y decepción del pueblo con ambos órganos estatales, quiere decir que existe un alto grado de deslegitimación ciudadana del accionar de los más importantes grupos de autoridades nacionales, dando lugar a que la población reclame una justa sustitución de las personas que los integran. Por lo tanto, si la conformación de los referidos entes de gobierno ha sido el resultado del voto popular, ciertamente corresponderá al mismo voto ciudadano “corregir” el error.
Para ello, y debo confesar que “no soy amigo” de las imitaciones o copias; pero la experiencia de nuestros vecinos del norte (Ecuador) nos muestra que existe una forma en la que se pueda recuperar algo de credibilidad y, especialmente, la legitimidad que hace mucho tiempo se ha perdido por parte de nuestras más importantes autoridades, introduciendo en nuestro sistema constitucional la llamada “muerte cruzada”, en respuesta a los comentarios de determinados sectores poblacionales cuando reclaman “... que se vayan todos...”. Pues, la renovación, antes del término de su período ordinario, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, debe ser simultánea; y los que los sustituyan deben ser solo para culminar el tiempo que falte para terminar dicho período.
En vista de que la esperanza es lo último que se pierde, y en consideración a que no se tiene previsto el derecho de revocatoria como derecho ciudadano, quedará en manos de los que tienen a su cargo decidir sobre la reforma constitucional el introducir este positivo mecanismo de acción directa de la ciudadanía, permitiendo que ella misma pueda hacer recuperar la legitimidad que sus autoridades han perdido.

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