¿Cómo salir del entrampamiento en que estamos?
“Debemos desmontar la visión del Perú contemporáneo. Vivimos confrontados con el reflorecimiento del populismo de izquierda marxista. Populismo que ha penetrado en muchos sectores del Estado. El siglo actual es parte de una confrontación con el renacimiento de un populismo de la izquierda marxista, que hoy está penetrando en muchos sectores del Estado formando una percepción política maniquea. Tenemos a un grupo de personas con ideología neomarxista que manejan entidades públicas, infiltradas hasta los entresijos del sistema de Justicia. Como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Ministerio Público, el poder Judicial y la Defensoría de Pueblo. En este contexto, hay que ubicar la crisis del sistema de justicia, fiel reflejo de la crisis de nuestro sistema Político. En consecuencia, el eje de esa crisis política se refleja en el desorden –incluso el secuestro– del que es víctima nuestro sistema de Justicia, conformado, a su vez, por el Ministerio Público recientemente recuperado por los fariseos de la democracia contemporánea. Es así como la Junta Nacional de Justicia JNJ, órgano que presuntamente supervisa a los jueces y fiscales; la Defensoría del Pueblo; y los integrantes de Jurado Nacional de Elecciones JNE, se han convertido en un vil instrumento politizado, manipulado por los operadores de justicia del país”. Este descarnado análisis de nuestra realidad apareció ayer en este diario, dentro de una reveladora entrevista de Juan Pablo Chirito, sólido periodista de EXPRESO, al exmagistrado del Tribunal Constitucional TC Gerardo Eto Cruz.
Según Eto Cruz, ello constituiría la aproximación para empezar a desatar el nudo gordiano que tiene liado al Perú, vía una reforma constitucional que, eventualmente, podría ejecutar el Tribunal Constitucional. Esto ocurriría a través de una sentencia de carácter exhortativo, que declare en emergencia el sistema de Justicia Nacional. Esta sentencia propondría el retiro de aquellos funcionarios públicos que, de una u otra manera, han propiciado la crisis en que están el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Jurado Nacional de Elecciones. “A partir de aquello”, siempre y cuando el TC persuada al Parlamento –dice Eto Cruz– “el poder Legislativo pudiese emitir alguna norma, previo amplio debate nacional, para satisfacer dispares puntos de vista. En determinadas ocasiones, una sentencia del Tribunal Constitucional TC podría transformarse en sentencia de un ´legislador precario´; expresión donde el mismísimo TC emite una sentencia con carácter de ley; sin embargo, en lugar de emitirla el Tribunal, este encargaría su aprobación al propio poder Legislativo, en calidad de coordinación revestida con todas las garantías constitucionales y legales.” ¡Vale decir, una salida política/legal, sujeta a su implementación mediante un pacto constitucional entre el Legislativo y el Tribunal Constitucional TC! Según Eto Cruz, aquella “sentencia exhortativa al TC demandaría que, previamente, el Congreso promulgue una ley, declarando al país en Estado de Emergencia; estableciéndose la ruta secuencial a seguir posteriormente bajo los parámetros que dicte el Constitucional.”
Suena sorprendente; no así incoherente, ilegal ni menos inconstitucional. ¡Sería un pacto sociopolítico para salvar al país del absoluto caos en que está!
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