¿Cómo se financia la salud en el Perú?

Si hay algo crítico para mejorar en el acceso a la salud es el financiamiento. En el Perú a pesar de haber alcanzado la cobertura universal, la población sigue percibiendo que no tiene un servicio de salud adecuado. Por años le han vendido la idea de que, al alcanzar la cobertura universal, es decir que todos los peruanos cuenten con un seguro, sus problemas de acceso a la salud terminarían, pero esto no era tan cierto, y una de las principales razones es la falta de financiamiento adecuado y cómo se gestiona este financiamiento. Pues la combinación de no contar con los recursos suficientes sumado a una mala administración y ejecución del presupuesto tiene como resultado una mala calidad de atención de salud.

Recordemos que la Ley N°29344 – Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud y el Decreto de Urgencia N°017-2019 decretaron que toda la población residente no afiliada a un seguro debe ser incorporada al SIS. Ya habíamos comentado en una anterior columna de ¨Salud y Libertad¨ (1/12/2019) que incluir a todos sin considerar nivel socioeconómico afectaría a directamente a los más vulnerables porque con el mismo presupuesto se iba a atender a más gente.

Es así que pasamos de atender 6 millones de personas vulnerables que estaban registrados en el Padrón General de Hogares (PGH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), que tenían la clasificación de pobre o pobre extremo, a atender 22 millones sin ningún tipo de clasificación. Las consecuencias son claras: peor atención, insuficiente dinero para atender a los afiliados, colas más largas, insatisfacción.

Aunque hasta ahora solo estamos hablando del SIS, que es la IAFA (aseguradora) del Ministerio de Salud, debemos mencionar que existen otros tipos de financiamiento que tienen diversas complejidades, está EsSalud (11 millones de asegurados), las FF.AA. y la PNP (juntos 1.6 millones de asegurados), las EPS (1 millón de asegurados) y otros seguros privados (600,000 asegurados) como empresas privadas, autoseguros y prepagas, que en su conjunto aseguran al 100% de los ciudadanos en el Perú.

Todas estas “aseguradoras” reciben el nombre de IAFAS (Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud) y cada una financia un grupo diferente de establecimientos que finalmente son quienes atienden a los ciudadanos. El problema es que cada ciudadano debe atenderse en el establecimiento que le corresponde porque sino la IAFA no responde, o mejor dicho no paga. Ni siquiera comparten información entre ellas y como resultado tenemos un sistema que no satisface las necesidades de atención en salud de los ciudadanos que finalmente terminan vendiendo lo que no tienen cuando ellos o sus familiares enfrentan un problema de salud.