Cómo se ha venido encubriendo e incentivando la minería informal e ilegal desde hace 23 años

El pasado 29 de junio, mediante DS-012-2025-EM, el gobierno oficializó nuevamente la ampliación del plazo, hasta el 31 de diciembre, del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), para que (teóricamente) los mineros informales puedan culminar sus trámites. Sin embargo, dichas ampliaciones, desde su creación hace 9 años (2016), han venido encubriendo la minería informal para evitar responsabilidades penales y convirtiéndose en refugio e incentivo para la minería ilegal.
Desde hace 23 años (2002), en que se acentuó la minería ilegal por aumento de precios del oro, se inició el proceso de formalización minera artesanal y de pequeña minería para regular las actividades artesanales informales, promulgándose muchas leyes, decretos supremos, legislativos y de urgencia, promoviendo planes y estrategias. Inclusive en 2015 se creó una categoría presupuestal, gastándose, hasta julio de 2024, más de S/ 130 millones. Todas estas acciones no lograron ningún avance; por el contrario, incentivaron la minería ilegal, que creció inconteniblemente de la mano de grupos armados y crimen organizado, sin ningún control ni fiscalización.
El REINFO fue creado con carácter excepcional y temporal, únicamente por 3 años, período desvirtuado al ser prorrogado 9 años, a pesar de presentar enormes limitaciones estructurales. Tiene registrados 87,000 mineros, pero 69,000 están suspendidos y no tienen ninguna intención de formalizarse (hasta julio de 2024, solo se formalizaron 2,090 mineros, el 2.4 %), porque al estar inscritos podían continuar operando, ocupando áreas concesionadas a terceras personas o concesiones de exploración formal, destruyendo totalmente los ecosistemas.
Aunque no existen cifras oficiales sobre la cantidad de mineros informales e ilegales, según estimaciones, podrían llegar a 500,000, principalmente en 12 regiones del país y amenazando 23 Áreas Naturales Protegidas.
Bajo este panorama, por incapacidad del Estado, no existe un sistema de medición y monitoreo integral para planificar y controlar la minería informal e ilegal. Y, habiéndose mantenido el REINFO encubriendo esta ilegal actividad, ha crecido exponencialmente, generando más dinero ilícito que el narcotráfico (V&C Analistas), siendo responsable del 40 % del dinero que mueve la criminalidad en el país (IPE). Así, estos oscuros recursos pueden financiar o penetrar el ámbito político e intervenir en la campaña electoral, captando espacios políticos en las elecciones de 2026.
No es casualidad que durante 2024, en el Congreso, se presentaran 44 proyectos de ley sobre minería, muchos favoreciendo la minería informal e ilegal. También el MEM y muchos congresistas se reúnen con mineros informales para discutir la formalización. Sin embargo, para reemplazar al REINFO en diciembre de 2025, la Comisión del Congreso no tiene, ni por asomo, el marco legal ni versión preparada para el debate de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Mientras tanto, por esta situación, ya empezaron los bloqueos de mineros artesanales informales en el sur y norte del país.

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