Competitividad, ¿desde arriba o desde abajo?

El Gobierno ha presentado las políticas sobre la competitividad, y anunciado que en seis meses se tendrá un plan nacional de competitividad.

En materia de competitividad, algunos analistas resaltan la importancia de la estabilidad económica, subrayando con mucha razón que el buen manejo de la política económica en casi 20 años nos ha permitido crecer de manera sostenida.

Otros ponen énfasis en la institucionalidad, bastante resquebrajada y puesta en evidencia con la grave crisis de corrupción y de falta de fuerza moral de muchas autoridades. Sin duda, éste es un problema que afecta a la inversión y compromete nuestro largo plazo.

También hay que resaltar la importancia de cerrar las brechas de infraestructura, educación, tecnología, salud. Aunque, el atraso crónico que sufrimos en esta materia nos hace pensar que el cierre de brechas está muy ligado a la necesidad de fortalecer las instituciones.

Finalmente, nos parece interesante la propuesta de pensar la competitividad a partir de la empresa. Después de todo, la empresa es la que realmente compite y lo hace enfrentando a empresas de otros países, cuyas instituciones sí están comprometidas con el objetivo de hacerlas más competitivas.

Todos estos enfoques válidos nos hacen pensar que, en efecto, hay problemas transversales que tienen que ser resueltos mediante políticas macro diseñadas desde arriba y hay problemas micro que no pueden ser abordados desde la generalidad de las leyes y políticas sino con reglas o normas que se construyen desde abajo.

Tenemos el ejemplo exitoso de las políticas de desarrollo de Corea, que fueron diseñadas desde arriba pero con un sentido claro de mercado y de empresa; también tenemos el ejemplo de Australia que emprendió su “reforma microeconómica” porque entiende que el problema está en la mala configuración de los incentivos económicos.

Un ejemplo concreto: llevamos años buscando, sin éxito, una ley general del trabajo cuando la realidad muestra que lo que funciona bien son los regímenes específicos.  ¿Por qué no pensar en una norma general que atienda temas comunes como la asistencia social, el seguro de desempleo y la pensión de jubilación y que, a partir de ello, se permita que la empresa y los trabajadores lleguen a un acuerdo para definir todas las otras características de la relación laboral?

En esa línea de ideas, la empresa, los trabajadores y el Gobierno podrían firmar un pacto por la productividad y la formalización laboral bajo un programa de mejora de la productividad que permita al trabajador ser recompensando en función de su productividad, al Gobierno recaudar sus impuestos y a la empresa ser rentable.

Es obvio que desde arriba, con un consejo de competitividad público o privado, se pueden hacer muchas cosas; sin embargo, nuestra historia tiene muchos ejemplos de reformas o programas que se hacen desde arriba pero sin solucionar los problemas de abajo.

(*) Presidente de Adex