Con distinta vara…

Directamente y por referencias he conocido que en una vía tan importante como la Carretera Central, concretamente en la jurisdicción de la municipalidad distrital de Ate, se exhiben enormes carteles, colocados en postes de concreto –que no responden al esfuerzo espontáneo de alguna persona o grupo de personas, sino que hacen parte de estructuras que intuyo pertenecen a alguna agencia de publicidad– que contienen, sin pudor alguno, propaganda política en favor de un personaje nefasto, que arrastra decenas de investigaciones fiscales por corrupción en el ejercicio de la función pública desde hace décadas y que es el gran responsable de que bajo su gestión en la presidencia de la República durante la epidemia de COVID hayan fallecido más de doscientos mil peruanos de todas las edades y condiciones de salud, la gran mayoría de ellos por no tener acceso a balones de oxígeno, a atención médica intensiva o vacunas.
La propaganda es actual y apunta al proceso electoral general de 2026 pese a que el personaje nefasto al que me refiero –y no necesito ni deseo nombrar porque con lo dicho es perfectamente identificable– está sujeto a vigente inhabilitación política dispuesta por el Congreso de la República.
El partido político cuya denominación y símbolo utiliza el personaje que “se vacunó primero” contra el COVID pese a que aún no había la vacuna a disposición siquiera del personal de salud que estaba en primera línea de lucha contra el mortal virus, tiene registro vigente en el sistema de registro de organizaciones políticas a cargo del JNE desde junio del año 2023 y es uno de los treinta y cinco partidos políticos que debiera ser fiscalizado en el uso y origen de su financiamiento.
El órgano de la ONPE que supervisa el financiamiento público y privado de los partidos políticos y que por lo menos dos o tres veces al año notifica a cientos, quizás miles, de ciudadanos que periódicamente hacen aportes voluntarios, bancarizados, a los partidos políticos a los que están afiliados, urgiéndolos a que confirmen sus aportes (que además son semestralmente informados por la propia organización política), tendría ya que haber fiscalizado esta propaganda antijurídica, costosa y prematura.
Parece que la municipalidad concernida tampoco se da por enterada de esta publicidad o está más que satisfecha con los pagos que estaría recibiendo por la colocación de la misma.
Por lo pronto, todo apunta a que las autoridades electorales, además de aferrarse al cargo y tal vez en procura de ello, miden con distinta vara a ciudadanos y partidos políticos.

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