Con el perdón de los adefesios
He aceptado con mucho gusto ser columnista de este prestigioso diario y quiero empezar compartiendo con los lectores una reflexión sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que envió una misión el 11 de enero de 2023 al Perú para evaluar la situación tras el fallido golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo y que dio inicio a una ola de violencia en algunas regiones del país.
La CIDH acaba de emitir un informe de 113 páginas, sobre el cual me ratifico que es un despropósito. Algunos se sorprenderán pues me oyeron decir que la CIDH es un adefesio, pues resulta que esa es precisamente una de las acepciones de la palabra según el diccionario de la Real Academia Española.
Soy respetuoso del Estado de derecho, de los derechos humanos y las normas internacionales, pero no soy de aquellos que esconden sus opiniones con el disfraz de la mentira. Hoy resulta que todos los que se sienten justamente ofendidos por el “adefesio” se suman, con mayor o menor mesura a mis, acaso, premonitorias palabras.
No cabe duda que la CIDH ha cometido un despropósito, pues ha atentado contra el Orden Interno del país, al pronunciarse ideológicamente en defensa de los que atacan aeropuertos, incendian entidades públicas y privadas, bloquean carreteras, atacan a los policías y queman vivo a un policía, apedrean a militares, inoculan discursos de odio en las mentes infantiles, amenazan a autoridades regionales y queman sus casas. ¿Acaso los peruanos no veíamos todos los días a vándalos atacando policías y destruyendo el centro de Lima? Eso no eran protestas pacíficas. A partir de este pronunciamiento de la CIDH, la Policía en el Perú está deslegitimada para defender el Estado de derecho, a ellos no los protegen los adefesios.
Un dato que la CIDH también ha olvidado es que la PNP ha demostrado que una firma del narcoterrorismo encabezada por Yober José Auccatoma Leche (a) “Leche” financió parcialmente las “marchas” que se realizaron en Lima e incluso coordinaban para traer a la capital a integrantes de la etnia Ashaninka con el fin de causar disturbios. De eso la CIDH no dice una palabra.
Por otro lado, recuerden que una conspicua congresista de izquierda, impulsora desde San Isidro de estas marchas, aseguraba que las protestas sin muertes no provocan los cambios y cuando reclamé que no lleven niños a las protestas por la exposición inminente a la muerte, esta misma persona se indignó mediante la mentira, al señalar que yo estaba atacando a las madres aimaras, cuando el propósito principal de esta señorita, desde su lujoso y cuestionado departamento, era exponer a esas madres y sus hijos al peligro.
La CIDH concluye que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones contra el Gobierno en algunas regiones como Lima, Ica, Arequipa, Ayacucho y Puno. Pero solo mira a la izquierda donde se ubican los que protestan y no miran al sector de las fuerzas del orden que reciben lluvias de piedras que dejaron cientos de policías heridos, además de muertos. Sin lugar a dudas, para los adefesios ellos no existen.
Se los dije cuando me entrevisté con ellos en mi condición de ministro: en el Perú se violan los derechos de los niños desde hace mucho tiempo pero no es en las marchas, sino en la falta de educación de calidad y en el hecho de que personajes como Pedro Castillo Terrones funjan de maestros en nuestras escuelas.
Además, esta CIDH destaca que, durante las reuniones sostenidas con familiares de las víctimas fatales, varias personas manifestaron que sus parientes "fueron estigmatizados y tratados como terroristas". O sea, se indignan porque quemar policías, incendiar aeropuertos y locales públicos no son actos de terrorismo sino manifestaciones pacíficas de protesta.
También les parece poco que el Estado haya dispuesto el otorgamiento, por única vez, de 50,000 soles por cada persona fallecida y 25,000 a las personas heridas de gravedad en las referidas “movilizaciones pacíficas”. Por ello, dejan abierta la posibilidad de un nuevo pago, puesto que lo entregado, para la CIDH, es insuficiente.
¿Debemos aceptar esto? Como país soberano es nuestro derecho expresar un enérgico rechazo y protesta porque este informe sesgado y nada serio solo responde a los intereses de políticos que promueven las ONG izquierdistas y sus consultorías, de los sombríos integrantes del Movadef y de los comunistas repartidos en las filas del atraso ideológico. Los peruanos de bien merecemos que se plantee un debate nacional sobre nuestro retiro de la CIDH.
Por Óscar Becerra
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