Con la justicia no se negocia
Dos comisiones Lava Jato fueron conformadas en el Congreso peruano, entre los años 2016 y 2018. Su objeto: “determinar responsabilidades en corrupción.” Los informes fueron enviados al Fiscal de la Nación para “las investigaciones respectivas”. En abril de 2017, un juez estadounidense condenó a Odebrecht a pagar una multa de 2.600 millones de dólares por “sobornos a burócratas de varios países latinoamericanos (…) incluyendo a Perú”. Por tanto, desde entonces la Fiscalía estuvo enterada de tamaño atentado. ¡Pero solo se animó a investigarlo dos años después! Así arrancó este esperpéntico asalto contra los peruanos.
La denuncia de Rosa Bartra que publicara ayer EXPRESO - “Odebrecht pervirtió la confianza en el sistema de justicia”- cuestiona toda legitimidad de la Justicia peruana. Bartra, parlamentaria expresidenta de la Comisión Lava Jato, denunció desde su origen el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht calificándolo como “monumento a la impunidad”. ¡Un compendio sobre los proyectos involucrados para estafar al Perú, causándole un descomunal daño económico/moral! Aquello merecía una multibillonaria reparación civil que, lamentablemente, nuestra Justicia nunca impuso a Odebrecht, por componendas corruptas de fiscaletes como Vela y Pérez con jueces sin talla, como tantísimo Carhuancho que anida en nuestra “justicia”.
La denuncia de Bartra merece toda nuestra atención. Primero, porque reconfirma que nuestra justicia sigue siendo víctima de la corrupción, pues Bartra no solo involucra a Odebrecht sino a todo nuestro sistema judicial que, tras esta farsa que dura década y media, dejó que Odebrecht quedase impune. Bartra reafirma que Odebrecht “pervirtió la confianza porque la corrupción no se limitó a sobornos y/o contratos amañados, sino que carcome toda ética de nuestra Justicia” (Fiscalía y Poder Judicial), confirmando que la corrupción estructural no solo compra favores sino desfigura todo sentido de justicia.
El pacto de colaboración eficaz firmado por los tramposos fiscales Vela y Pérez —que excluye proyectos clave como Rutas de Lima, Gasoducto Sur Peruano y Olmos— reconfirma que fue una táctica negociada, teniendo a la injusticia como telón de fondo. Bartra denuncia que “Pérez y Vela crearon una colaboración progresiva”, figura inexistente en nuestra ordenanza penal, revestida en “pacto secreto” protector de intereses privados contra el Perú, antes que en mecanismo para esclarecer un crimen y establecer responsabilidades.
Según Bartra, la Comisión Lava Jato emitió 40 conclusiones por cada proyecto, recomendando investigaciones y revisando las concesiones. Hoy, aquel informe congresal solo sirve como historia archivada, frente a la narrativa de los caviares difundida cotidianamente por El Comercio y su topo Gorriti. Dos traidores a la patria que deberían ser procesados y condenados como cómplices de Odebrecht. Aunque, por presiones políticas, no ocurre hasta el momento.
La afirmación de Bartra no es una simple crítica partidaria. Es una advertencia de que, si la justicia continúa operando como instrumento de negociación y arma política, la reforma judicial —que hoy debate el Congreso— jamás podrá restaurar la confianza en ella. No es con discursetes sino con denuncias como podrían desmantelarse estos pactos de impunidad, para devolverle al ciudadano la certeza de que con la Justicia jamás se negocia.
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