Con los transportistas que chambean
A propósito del cierre de carreteras y de la paralización de diferentes zonas del país, poco o nada se ha dicho sobre el impacto que han tenido sobre los pequeños transportistas que constituyen una de las columnas vertebrales de la economía nacional y que tan poco apoyo han recibido del Estado pese a la dación, en su favor, de leyes mal aplicadas y reglamentadas con gran retraso.
Quiero recalcar algunas cifras sobre este importante sector económico: en el Perú hay 1 millón 200 mil autos colectivos, 500 mil station wagons, 700 mil camionetas, 40 mil remolques y 40 mil semirremolques. Todos de servicio público.
Estamos hablando de cerca de 2 millones y medio de vehículos cuya problemática es manejada desde un ministerio -el de Transportes y Comunicaciones- secularmente hundido en la corrupción y la ineficiencia que han conducido a que, en lugar de ser un promotor de la formalización de los pequeños transportistas, se convierta en todo lo contrario.
A ello contribuyen la existencia de una tabla de infracciones desmedidamente elevada, una absurda discriminación entre vehículos hechizos y originales -en el país de los “hechizos”-, la ausencia de terminales terrestres y, en general, de normas claras y precisas que permitan regular debidamente los servicios que prestan dichos transportistas para beneficio de ellos, de los usuarios y, repito, de su indispensable formalización.
El año entrante caduca el plazo de 4 años establecido en la ley 31096 para formalizar el transporte de pasajeros en autos colectivos en todo el Perú, salvo Lima y Callao. Esta norma legal, expedida el 22 de diciembre de 2020, y que amplió los alcances de la ley 28972, fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad que perdió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en el Tribunal Constitucional y recién fue reglamentada el 5 de abril de 2022, un año y medio después de su promulgación.
Es cierto que el Perú debe encaminarse técnicamente hacia un sistema de transporte masivo. Pero negar la realidad, por temporal que pudiera ser -en un país de permanentes temporalidades- es pretender esconder el sol con una moneda de plomo frente a la existencia de 1 millón 200 mil autos colectivos y otro millón 200 mil camionetas que prestan servicios de transporte.
En una economía social de mercado -que rige constitucionalmente pero no se aplica en el Perú- el Estado debe velar por una libre competencia que impida que lobbies poderosos distorsionen el mercado o que surjan oligopolios o monopolios que se apoderen de determinados sectores.
Ya es hora, por tanto, de que se cumpla la ley y se apoye a los pequeños transportistas, para quienes debe establecerse también un sistema de jubilación.
(*) Presidente de Perú Nación
Presidente del Consejo por la Paz
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