Con relación a la Junta Nacional de Justicia

Terminado el actual proceso de investigación y eventual destitución de los junteros, integrantes de la Junta Nacional de Justicia, y cualquiera que fuera el resultado que tenga la decisión política del Parlamento Nacional, lo que de inmediato debe ser el urgente trabajo del Congreso de la República es la necesidad de corregir el error que se cometió al crear esta Junta Nacional en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura.

Con el referido Consejo Nacional sucedió lo mismo que ha pasado o puede suceder con cualquier otro organismo constitucional, fundado en el equivocado concepto de que en el funcionamiento de algunos organismos nacionales puede mejorar la calidad de sus decisiones cuando se cambia su estructura; ello, sin tomar en cuenta de que, el problema no es la conformación de su organización, sino la conducta o comportamiento de los integrantes de los mismos.

En su momento, el último pleno del que fuera el Consejo Nacional de la Magistratura, por la forma incorrecta, por decir lo menos, de cómo se había evidenciado estaban actuando sus integrantes, la representación parlamentaria los destituyó, inclusive a los miembros suplentes o accesitarios, que no habían tenido nada que ver con los actos de corrupción que generaron las denuncias contra sus miembros titulares.

Fueron los asesores del expresidente Vizcarra y de los congresistas de aquel entonces, quienes comenzaron por proponer el cambio de denominación al organismo constitucional, como si el cambio de nombre de la institución hará cambiar la calidad y transparencia de sus decisiones y, lo que es peor, se terminó por, indirectamente, politizar la selección y designación de sus integrantes, bajo el pretexto que “debe de priorizarse la meritocracia de sus miembros”, acaso, la idoneidad e inteligencia, igualmente, ¿no se puede aplicar para hace un uso ilegal de ella?”. Claro que sí.

Cuando originalmente se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, se hizo considerando que este debería representar a la sociedad y, en consecuencia, sus integrantes debían ser elegidos por las instituciones que, de alguna manera, representan a la sociedad organizada, como son los Colegios de Abogados, los otros Colegios Profesionales, las universidades públicas y privadas y los órganos estatales que tienen que ver, directamente, con la administración de justicia en el Perú. Y, en todos estos casos, es importante destacar que, independientemente de los gremios de los profesionales, quienes elegían a sus representantes en elección popular (entre sus miembros), los otros organismos institucionales elegían a sus representantes entre las personas que no integraban sus órganos de dirección.

Actualmente, es una “Comisión Especial” la que selecciona a los siete integrantes de la mal llamada Junta Nacional de Justicia, la cual está integrada por el Defensor del Pueblo, quien es el que la preside, además del presidente del Tribunal Constitucional y del Contralor General de la República, altos funcionarios, todos ellos, elegidos por la decisión política del Congreso. Además, conforman también esta Comisión, el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación, es decir, altas autoridades que, contradictoriamente a lo que debe ser, están sujetas a la permanente evaluación y fiscalización de las personas que van a seleccionar. Se completa la Comisión en mención, con la concurrencia de dos rectores, elegidos por sus pares, en representación de las universidades públicas y privadas.

Esta es la razón que lleva a considerar que, aquello que mal comienza está condenado a terminar mal. Y este es el caso de la Junta Nacional de Justicia, cuyos actuales miembros están siendo cuestionados por un sector de parlamentarios, cuyas motivaciones, por si acaso, no están siendo inspiradoras de mis comentarios aquí expuestos.

Pues, serán las explicaciones que harán los actuales junteros las que tendrán que ser evaluadas por los congresistas para luego tomar una decisión.

En consecuencia, para no desnaturalizar, desde el origen de la elección de sus miembros, la actual Junta, para comenzar, debe cambiar de nombre y recuperar su denominación original, así como también reestablecer el criterio que se tenía previsto anteriormente para su conformación.

Ojalá podamos ser escuchados, para garantizar la transparencia y mejora en la administración de justicia en el Perú.

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