Congresistas: fiscalicen a las ONG

Entrevistado ayer por EXPRESO, el ponderado canciller de la República, Javier González Olaechea, se explayó con amplitud acerca de la política exterior que está desarrollando su gestión. De ello dio cuenta detallada la edición de EXPRESO, ayer domingo. No obstante, un aspecto primordial para este periódico lo constituye el apunte del canciller, relativo a las Organizaciones No Gubernamentales ONG.
Al respecto, sostuvo que hace semanas el director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), José Antonio González Norris, reveló ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que “por cuarto año consecutivo, (los ingresos para) la cooperación técnica internacional -jerga utilizada para el rubro de las ONG- superan los US$ 300 millones anuales.” Según lo declarado por el director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), José Antonio González Norris, ante la Comisión de Relaciones Exteriores parlamentaria, la cifra anual ingresada al país por la cooperación técnica internacional promedia los US$ 400 millones. El canciller González Olaechea acotó: “poco puede supervisarse (sobre esta cantidad), por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), de 2007, donde se establece que las ONG con aporte de capitales privados no rinden cuenta” sobre sus ingresos/gastos. Incluso González Olaechea reveló algo sumamente delicado: “Algunas ONG vinculadas a derechos humanos usarían (parte de ello) para acusar a las fuerzas del orden y al gobierno con dinero de la cooperación internacional sin ser fiscalizadas.” Pareciera que a nuestros legisladores les resbala este descontrol de su alma mater, habiendo soportado este país la mortífera experiencia de una guerra terrorista que cegó la vida de no menos de 35,000 peruanos y ensangrentó al país un cuarto de siglo. ¿Continuarán los actuales legisladores manteniendo esa misma negligencia que sus pares anteriores; o pasarán a la historia como insignes protagonistas de un hecho histórico, obligando por ley a que las ONG registren el total de sus ingresos y gastos en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI?
Según reveló el programa televisivo Contracorriente de Willax, entre los años 2018 y 2022 “las ONG peruanas, y algunas extranjeras que operan en nuestro país han ejecutado proyectos de ayuda para migrantes venezolanos por más de 85 millones; la mayor parte de estos recursos, gastada en capacitaciones.” Asimismo indica que, entre las ONG que han ejecutado proyectos millonarios, figuran World Vision, Care Perú y ese “abanderado de los derechos humanos”, Instituto de Defensa Legal IDL, propiedad de Gustavo Gorriti, operador político/mediático y grosero manipulador de nuestra venida a menos Fiscalía de la Nación y del tan manoseado Poder Judicial. Ahondando en los registros de APCI, operarían en el Perú unas trescientas setenta y cinco mil (375,000) ONG, estando registradas menos del uno por ciento de estas. El Parlamento tiene la obligación de fiscalizar las actividades de este clan exento de todo control estatal, pesa a manejar al menos US$ 300 millones anuales. ¡Esto en un país totalmente manipulable por agitadores políticos! ¡Lo vivimos cuando, tras el golpe de Estado de Castillo, el comunismo incendió medio país, evidentemente financiado por ciertas ONG con un ínfimo porcentaje de esos US$ 300 millones!

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