¡Congresistas!, por favor, dejen de deformar, reformando

Las reformas constitucionales, además de llevarse a cabo de conformidad al procedimiento establecido en la propia Constitución vigente, debe de tener legitimidad o, lo que es lo mismo, debe sintonizar con lo que aspira o desea la mayoría de la población. Pues, las normas fundamentales deben de aspirar a ser Constituciones normativas, es decir, que tengan vigencia y vigor, por cuanto se adecuan a la realidad política, social y económica de la nación, en lugar de quedarse únicamente como Constitución nominal, en cuanto no rige ni tiene vigencia al no lograr adecuarse a la realidad existente y termina siendo, únicamente, un “conjunto de muy buenas intenciones” y nada más.
Por lo tanto, las últimas reformas constitucionales (unas ya aprobadas y otras que amenazan seguir el mismo camino), tienen características que se deben de tomar en cuanta y, con ello, calcular el resultado que, en su aplicación puedan tener, como son:
1. El alto grado de desprestigio que tiene el actual Parlamento Nacional, y cuya producción legislativa y de reforma constitucional, frente a la opinión ciudadana tiene, igualmente, un alto nivel de desaprobación.
2. La evidente motivación de la gran mayoría de los representantes parlamentarios, quienes al votar (como es el caso del retorno al sistema bicameral), lo hacen calculando defender sus aspiraciones e intereses particulares, en lugar del interés general.
3. “Visten un santo, desvistiendo a otro”. Cuando se continúa, equivocadamente, eliminando o anulando instituciones, reemplazándolas por otras, sin darse cuenta de que el problema o mal funcionamiento de las que se quiere sustituir no es su organización ni estructura, sino la calidad, idoneidad y conducta de las personas que las integran.
4. Cuando un Congreso, con no buenos antecedentes de aprobación ciudadana, actúa con inusitada rapidez en las reformas constitucionales, produce en la mente del común de las gentes, el considerar que “algo huele mal”, y que de seguro hay pretensiones subalternas que priman sobre lo que aspira la población.
5. Y, lo peor, no corregir el error que se cometió al eliminar, como organismo constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, sustituyéndolo por la mal dada Junta Nacional de Justicia; y, como colmo de malas decisiones, hacer depender la dirección de organismos electorales de una decisión política, en la que su manejo siempre será interesado.
Razón por la cual, y dejando a salvo la comprobada honorabilidad de la Dra. Gladys Echaíz, cuya propuesta, como parlamentaria, promueve la desaparición de la JNJ y de la Academia dela Magistratura, sustituyéndolas por la Escuela Nacional de la Magistratura, hay que precisar lo siguiente:
a. La meritocracia no es el único elemento fundamental para tener la seguridad de tener un buen magistrado (¿acaso los corruptos no son “seres muy inteligentes: para lo malo?). Motivo por el cual, se requiere que la evaluación que se haga al postulante a la magistratura sea interdisciplinaria, como originalmente estaba prevista con la actuación del CNM, donde participaban, entre otros, los representantes de las instituciones vinculadas con la administración de justicia (como los Colegios de Abogados), y de los demás Colegios de profesionales (indirectamente, en representación de la sociedad). Respondiendo a la interrogante: “¿qué tipo de juez queremos tener?” – “que sepa un poco de Derecho, y si es honesto, mejor”).
b. La Academia de la Magistratura debe continuar con sus funciones y, más bien, dotarla de mayores recursos económicos y logísticos que permitan hacer más eficiente su papel de formación y perfeccionamiento de los magistrados.
c. En el entendido de que debe retornarse al criterio que se tuvo cuando se creó el CNM, para despolitizar la designación de los magistrados, debería ser motivo de una amplia difusión, el conocer los antecedentes personales y profesionales de los postulantes al que fuera este organismo constitucional, así como de los miembros del directorio de la Academia de la Magistratura.
d. Y, por favor, no podemos retroceder irresponsablemente, estableciendo que los Jefes de la ONPE y del Reniec sean elegidos el Senado que, vaya usted a saber qué intereses políticos se vayan a imponer, en desmedro de la autonomía e independencia de los organismos electorales.
Ojalá que mis comentarios sirvan de motivo de reflexión a la representación congresal y les permita seguir por el camino correcto.

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