¿Congreso cómplice del terrorismo?

Otra prueba de que el país ha sido devastado por los caviares, es que mantienen secuestrado el Estado desde el retorno de la izquierda al poder con Toledo, Humala seguido de “yo soy socialista” Kuczynski, el vil Vizcarra, el inútil Merino, el repulsivo Sagasti y el comunista Castillo. Desde entonces, a diario vemos que la inseguridad ciudadana, hija de los caviares, crece en perjuicio de la sociedad. Transcurrido un cuarto de siglo y ocurridas muchas tragedias, a la hora undécima el presidente del poder Judicial llama la atención del país alertando que las organizaciones criminales forman parte del esquema terrorista, bajo cualquier figura criminal. Incorporando extorsión y sicariato. Reciente pero extemporáneamente, Javier Arévalo, presidente del poder Judicial, ha advertido –a través de EXPRESO– que el Ejecutivo y el Legislativo todavía no deciden encomendarle, tanto al Ejército como a la Policía, combatir el terrorismo sin contemplaciones. Por ello, Arévalo enfatiza en la urgencia que las FFAA y la Policía sí combatan a esta lacra, considerada clave en el crimen organizado. Arévalo demanda que el Legislativo autorice a las FFAA y a la Policía a erradicar el terrorismo, que ya mantiene en zozobra al país. Incluso exige que el terrorismo urbano sea declarado delito penado con 30 años de cárcel, iniciativa que permanece encarpetada desde enero de este año en el Parlamento. ¡En realidad, nuestros congresistas parecen cómplices del terrorismo! Se niegan a legislar drásticamente contra esta lacra que, cada día, crece desde la llegada al poder del ágrafo, golpista, senderista Castillo, quien impuso el terrorismo en todos los pliegues del Estado. También Dina Boluarte, exministra, exvicepresidenta de Castillo, agrava la coyuntura de inseguridad con su negativa a autorizar, bajo responsabilidad, que tanto las FFAA como la Policía tengan, por ley, autorización expresa para combatir el terrorismo en sus infinitas manifestaciones. Sin embargo, el Congreso permanece terco, inconstitucionalmente opuesto a promulgar normas orientadas a erradicar el terrorismo. Asimismo, si de falta de recursos económicos se trata, la responsabilidad es del poder Ejecutivo que lidera Dina Boluarte. Por donde analicemos esta dejadez, los culpables son el Congreso y la presidenta Boluarte.

Pronto el Perú podría volver a ser pasto del terrorismo rural y urbano, traducido en una inseguridad ciudadana de proporciones tectónicas. A diario ahora se denuncian decenas de atentados con muerte, secuestro, robo, etc. Pero, el Congreso continúa tenazmente opuesto a modificar el Código Penal, a efectos de que la Policía Nacional se ocupe nuevamente de investigar los delitos y crímenes, aparte de encomendarle la calificación de ambos para evitar lo que sucede hoy: que los fiscales califican mal (porque no saben hacerlo) los delitos y los crímenes que a diario ocurren, liberando temerariamente a delincuentes/criminales y, consecuentemente, retroalimentando los índices de criminalidad en el país. Otra iniciativa que permanece paralizada por inacción del Parlamento es el proyecto de lucha contra el “terrorismo urbano”, para que sus ejecutores sean sancionados con treinta años de carcelería. La lista de iniciativas adormecidas demuestra una temeraria irresponsabilidad del Legislativo. ¿Qué esperan los congresistas? ¡La respuesta es más muerte; más desesperación!

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