¿Congreso o chacra fujimorista?

El Parlamento desde el autogolpe del  5 de abril de 1992 y la instalación del Congreso Constituyente Democrático presidido por el hoy prófugo Jaime Yoshiyama se convirtió en la agencia de empleos del fujimorismo; no interesa la capacidad profesional ni la experiencia, basta con ser fujimorista.

Los asesores desconocen de hermenéutica parlamentaria y la oficina de prensa –a cargo de un fujimorista– viola la ley, al no ser periodista profesional colegiado (como señala la norma); basta con ver la página web del Congreso de la República para darse cuenta la cantidad de errores.

Ahora Daniel Salaverry pretende –según él, mejorar la imagen del Legislativo– y no les ha renovado el contrato a un ciento de naranjitas colocados en puestos claves gracias a Luz Salgado y Luis Galarreta, ex presidentes del Congreso, señalando que no habrá más contrataciones por recomendación, por lo que en marzo se realizará un concurso público para que los que ocupen esos cargos sean “por sus méritos o capacidad”.

Marco Pacheco, de la Secretaría Nacional de Juventud de Fuerza Popular (FP), trabajaba en la Oficina de Participación y Enlace con el Ciudadano. “Hace instantes recibí la noticia que desde la presidencia del Congreso se decidió no renovarme el contrato a mí y otros compañeros de trabajo”, escribió en las redes sociales.

Lo mismo ocurrió con Rosangella Barbarán, quien se desempeñaba en el Área de Participación, Atención y Educación Ciudadana; en octubre pasado, fue identificada en las afueras de la casa de Alberto Fujimori, asegurando que tenía “licencia sin goce de haber” (?).

Tras estos despidos, el segundo vicepresidente del Parlamento, Segundo Tapia, envió un oficio al Departamento de RR.HH. para solicitar que “se haga efectiva la renovación de los mismos en el más breve plazo, por considerarlo una decisión unilateral y arbitraria”.

Tapia se olvidó de leer el Reglamento del Congreso que señala en su Art. 32 “El Presidente del Congreso tiene las siguientes funciones y atribuciones:”, inc. h “…disponer lo necesario para la correcta administración de los recursos físicos y humanos al servicio del Congreso”; quien aprueba las contrataciones es el presidente del Congreso, el único facultado.

El año pasado Galarreta aprobó las contrataciones de 800 fujimoristas tras la suspensión del Estatuto del Servicio Parlamentario, que regulaba las contrataciones y nombramientos en el Congreso.

El desmesurado incremento de personal comenzó en julio de 2016 durante la presidencia de Salgado. Las irregularidades se detectaron cuando los trabajadores pasaron a ser personal estable sin cumplir con el mínimo de tiempo de servicios y los gastos de estas plazas se incrementaron en casi 50 millones de soles.

A raíz de esta denuncia, intervino el procurador Amado Enco, quien manifestó: “De existir indicios de que se utilizó el cargo público para favorecer intereses privados, esto constituye un presunto acto de corrupción que amerita investigarse”, pero… todo quedó allí.

Al 5 de abril de 1992 eran 60 senadores y 180 diputados y el personal de planta eran mil 100; ahora, con una cantidad menor de congresistas, tenemos casi 4 mil empleados.