¿Congreso obstruccionista?, ¿de dónde?

El 21 de noviembre, los miembros Mesa Directiva del Congreso de la República nos reunimos con los integrantes de la Alta Comisión de la OEA, enviada para “analizar la situación política del Perú”. A pedido de la propia comisión la reunión no se transmitió en directo; sin embargo, esto no fue impedimento para defender nuestra democracia, derribando uno a uno, los mitos de Palacio.
Demostramos con datos contrastables que el Congreso no es obstruccionista, aclaramos que no abdicaremos de nuestra función fiscalizadora ni del ejercicio del control político que la Constitución nos demanda. Fuimos elegidos por mandato popular; claudicar de nuestras atribuciones es permitir la infame dilución de la responsabilidad política y penal de un gobierno bastamente cuestionado.

Y es que este gobierno no ha sido capaz de sostener la cohesión ni siquiera entre sus adeptos, ya que aun cuando en 2021, el partido de gobierno obtuvo la primera mayoría con 37 escaños (28.46%), seguido de Fuerza Popular con 24 escaños (18.46%); solo en los primeros diez meses, la bancada oficialista se fragmentó en 4: Perú Libre, Perú Democrático, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial.

Si hablamos de los problemas en la relación: Ejecutivo - Legislativo, entre ellos podemos contar el inapropiado nombramiento de ministros y funcionarios carentes de la competencia necesaria (que dieron lugar a 16 interpelaciones admitidas para 12 ministros y 5 censuras aprobadas por el Pleno); los graves cuestionamientos de índole penal hacia el presidente y su entorno; la obstinada propuesta de quebrar nuestro Estado de Derecho a través de un forzado referéndum y Asamblea Constituyente para subvertir el orden constitucional de nuestra Carta Magna; los intentos de cuestión de confianza con proyectos de ley incoados contra leyes declaradas constitucionales por el Tribunal Constitucional, entre otros.

Lo más resaltante es que en 16 meses de gobierno, el Ejecutivo ha batido récord al haber efectuado 72 cambios ministeriales. ¿Quién genera la inestabilidad? ¿La conducta de los congresistas o del propio presidente? ¿No es también él mismo, quien a la fecha cuenta con 20 denuncias constitucionales?

No olvidemos que si bien la denuncia constitucional más trascendente ha sido la presentada por la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, que le solicita al Congreso poder investigar al presidente por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado; complicidad en delitos contra la administración pública; colusión; delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal encabezada por él mismo; existen otras denuncias presentadas: 3 de parte de congresistas, y 16 de parte de ciudadanos afectados.

En resumen, nuestra institucionalidad como país está en riesgo desde el primer mensaje a la nación ofrecido por Castillo. Frente a esta amenaza el Congreso está llamado a seguir defendiendo el fuero que representa a todos los peruanos.

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