Congreso peruano Bicentenario (I)
En fecha como hoy -20 de septiembre- aunque en día viernes, hace doscientos años, la novísima república peruana instaló su primer Congreso Constituyente, resultado de la convocatoria que el 27 de diciembre de 1821 hizo el general José de San Martín, Protector del Perú. Tal como nos relata el historiador Jorge Basadre en el Tomo I de su obra Historia de la República del Perú, como quiera que buena parte del territorio peruano estaba aún en manos de los realistas, la elección pudo realizarse únicamente en Lima, Tarma, Huaylas, Trujillo y la Costa (integrada por Santa y Chancay y Maynas y Quijos, este último lugar hoy perteneciente a Ecuador). Colectividades de otras regiones pero afincadas en Lima, eligieron también a sus representantes, como es el caso de Arequipa que consiguó nueve de los setenta y nueve diputados titulares.
Entonces, como aún hoy, el local donde inició labores el Poder Legislativo peruano perteneció a la Universidad de San Marcos. De los primeros constituyentes titulares once no eran peruanos de nacimiento, más sí de países vecinos.
El primer presidente del Congreso fue el arequipeño Francisco Javier de Luna Pizarro, miembro del clero y abogado. Ante el Congreso recién instalado, el general San Martín presentó su dimisión para embarcarse hacia el exterior dos días después. En ese contexto el Congreso decide retener el Poder Ejecutivo y designa para ello una Junta Gubernativa integrada por 3 diputados que quedaron excluidos de la asamblea, con autorización de volver cumplido su encargo, pero con la obligación de consultarle todo lo que fuere trascendente. La primera tarea de la Junta era la de nombrar a quien debía ocuparse de la función ejecutiva, temprana demostración de la vigencia del principio de separación de poderes, que nuestra vigente Constitución recoge en su artículo 43, in fine, como fundamento de la organización del gobierno nacional.
Interesante resulta también la deliberación en torno a la posible designación de un encargado permanente de las funciones del Poder Ejecutivo mientras que aún no existía una Constitución. Esta preocupación demuestra también que desde entonces ya se reconocía a la Ley de Leyes como freno a las posibles arbitrariedades del gobernante y al Poder Ejecutivo como un poder con mayor potencia que la del Legislativo.
No fueron menores las dificultades que debió enfrentar la joven república peruana, con una naciente clase política en ejercicio frente a necesidades de organización estatal, de continuar la gesta independentista y de lograr la adhesión, vía conciencia tributaria, de operadores económicos que en buen número eran nacionales europeos.
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