Congreso: total aberración
En Perú, cada 5 años, se elije a los representantes: un Presidente de la República más uno o dos vicepresidentes y 130 congresistas. Elecciones generales.
Ejecutivo y Legislativo son en verdad los únicos poderes políticos. Las otras cimas son del poder administrativo: Judicial, Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Defensoría y Contraloría, DESIGNADOS burocráticamente en concursos de mérito.
El Congreso no es primer poder del Estado; pues:
1) El congresista es elegido por simple mayoría, no de la totalidad nacional sino solo de su distrito electoral (25 departamentos). Si el congresista es de Lima, requerirá de cientos de miles de votos, si es de Moquegua decenas de miles y si es de Madre de Dios algunos miles. Incomparable con la votación presidencial: participa toda la ciudadanía, mayoría absoluta (como 10 millones de votos).
2) El cargo de congresista es irrenunciable por 5 años. Sus funciones principales: legislar y fiscalizar.
3) Si el Presidente incurre en hechos espeluznantes, el Congreso está facultado-obligado a vacarlo, no por mayoría absoluta sino por mayoría calificada: 87 votos.
4) El Presidente Castillo como jefe de Estado está por encima de todas las cimas de poder y además personifica a la Nación. En esta calidad, no puede ser sometido a investigación preliminar, facultad de la Fiscalía, ni tampoco a investigación preparatoria que es facultad del Poder Judicial.
5) El Presidente está obligado a reprimir la rebelión en que incurran las cimas de poder (Constitución. Artículo 45).
Pronto, la Comisión de la OEA tomará conocimiento de nuestra realidad de relajo jurídico, que la ONU ya nos notificó estar degenerando de Estado de Derecho a ESTADO DE ANTIDERECHO.
En efecto: la Fiscalía se ha excedido convirtiendo al Presidente en su investigado. Imposible jurídico que el Presidente sea investigado por sus inferiores e inimaginable los allanamientos de Palacio con complicidad del Poder Judicial.
El Informe de la Comisión OEA, necesariamente, llegará al Consejo de Seguridad de la ONU porque se trata de convertir en protectorado a un Estado miembro.
Para evitarlo, la Junta Nacional de Justicia ya dio la salida: Acaba de ratificar a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos quien declaró improcedente la investigación del Presidente mientras está en ejercicio, lo que significa sancionar a Sánchez y Benavides.
El Congreso en absoluta aberración: su presidencia en poder de un usurpador que sueña con deponer al Presidente Castillo a fines de año y el espurio asumir la presidencia de la República. La rebelión está consumada. El Presidente Castillo debe reprimirla.
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