Consenso general: no al pacto con Odebrecht
La concentración mediática El Comercio, de la mano de RPP, La República y demás editores rendidos a Palacio de Gobierno –gracias a la corruptela conocida como avisaje estatal– silencia la avalancha de opiniones contrarias al descarado, chantajista y confabulador preacuerdo entre el Perú y la corrompedora Odebrecht, suscrito por el fiscal Domingo Pérez y el procurador Miguel Ramírez. Ni una línea; ni un pantallazo; ni una mención a la masiva opinión pública que se expresa a través de la redes sociales demandando que, tanto los poderes Judicial como Legislativo, veten en forma taxativa que se ejecute semejante atropello contra los intereses del país. Un pacto que tan solo busca que el Perú capitule ante Odebrecht para que esta le entregue información sobre opositores al régimen solicitada por tagarotes empresariales y/o políticos amigos del oficialismo.
Personajes enlodados en las miasmas odebrechtianas que confabulan con fiscales para obtener información parcializada de Odebrecht, a cambio de tratarla con guantes de seda; y que eso mismo ocurra con reconocidos imputados como los Humala, Villarán, Kuczynski y Toledo. Este contubernio apunta a que determinadas figuras políticas –del Apra y el fujimorismo– sean acusadas por la constructora Odebrecht como las únicas corrompidas.
Sin embargo, para lograr ese objetivo el Estado peruano deberá claudicar a la obligación de cobrarle una debida indemnización a Odebrecht, y excluir del pacto a cerca de medio centenar de obras ejecutadas por Odebrecht en los últimos 20 años. Precisamente los proyectos más relevantes que inculpan a quienes buscan zafarse del debido proceso que exige la sociedad peruana, la única perjudicada por la corrupción.
En esencia, esta podredumbre constituye el eje de nuestra actual coyuntura política. El Gobierno está abocado claramente a encontrarle alguna salida a semejante laberinto diseñado por los capos de la corrupción constructora. No obstante, por donde intente ir Vizcarra todos los caminos lo llevarán a traicionar al país. Siempre y cuando insista en buscar la cuadratura del círculo para hacer que Odebrecht culpe sólo a los opositores de su gobierno, a cambio de cancelarle al Estado peruano una indemnización irrisoria y de excluir del acuerdo final de delación privilegiada a determinadas obras plenas de corrupción. El dilema es entonces dramático.
A ello se debe el silenciamiento absoluto de la prensa vendida al oficialismo, ante la cotidiana y apabullante protesta ciudadana respecto al infeliz preacuerdo con Odebrecht.
Por cierto la ciudadanía no solo exige que ningún juez avale semejante felonía, sino que el Ministerio Público investigue el comportamiento de los dos representantes del Estado que han negociado y suscrito tamaña alevosía. Nuevamente la callada como respuesta. El vizcarrismo –incluida su prensa acólita– ya no sabe qué hacer. Porque, amable lector, ocurre que la población viene tomando nota de semejantes enjuagues pactados a sus espaldas –mantenidos bajo silencio mediático por esa decadente prensa convencional– a través de la masiva difusión que tienen las redes sociales. Y la consecuencia de esto es una progresiva, creciente indignación social que hora a hora viene enrostrándole la culpa de tamaña vileza al presidente accesitario Martín Vizcarra.
