Contra la criminalidad: servicios de seguridad por impuestos

Un apotegma popular fue utilizado por el Gobierno (1963-1968) cuando potenció la Inteligencia como herramienta eficaz para erradicar las guerrillas procubanas a mediados de los años 60. Posteriormente, Acción Popular (AP) en su segundo Gobierno (marzo de 1983) creó la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú para perseguir a la cúpula de Sendero Luminoso.
Esta instancia fue la base para que el presidente Alan García fundara, en 1990, el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN). Esta unidad especial de la PNP fue la que rastreó, ubicó y capturó a Abimael Guzmán el 12 de septiembre de 1992, en Surquillo. Desde aquella gesta hasta ahora no se han experimentado circunstancias que representen peligro colectivo.
Pero la situación ha cambiado y la ciudadanía constata que, ante la incapacidad de respuesta institucional a cargo del Estado, la ola criminal campea en determinados sectores del territorio. El fenómeno trasciende fronteras.
Esta semana el FMI y el BID dan cuenta de que la delincuencia y la inseguridad configuran importantes barreras para la prosperidad en América Latina y el Caribe. Generan pérdidas superiores al 3% del PBI, equivalente al 78% de un presupuesto para educación y el doble de lo destinado a asistencia social.
Con solo el 8% de la población mundial, la región representa en el mundo un tercio de los homicidios. Los datos son elocuentes: Venezuela con el 84% y El Salvador con 83% ocupan los primeros lugares en criminalidad. Siguen Brasil con 77% y Guatemala con 72%. Luego vienen Argentina y Perú con 71%.
En este último, desde el momento en que se ha declarado el estado de emergencia, se han registrado 1,620 homicidios. Ciertamente, erradicar las mafias es responsabilidad del Estado, pero, también, del sector privado y juntos debieran encontrar las estrategias y los recursos para combatir el crimen.
Este es el contexto en que AP propone crear la modalidad “Servicios de Seguridad por Impuestos” (SSxI), financiado y supervisado por el sector privado y operado por el Estado. Será una labor que involucre a policías expertos en inteligencia premunidos de todos los instrumentos necesarios para una labor excelente: incentivos económicos, telemática de última generación, locales, movilidad, entre otros.
Las estimaciones del valor del servicio de 18 unidades de inteligencia, distribuidas en lugares álgidos, serían de S/.90 millones al año. Comparada con las pérdidas de miles de millones de soles calculados por el Sistema Privado de Competitividad, la mencionada cifra está sideralmente lejos de las pérdidas que arrojan las diversas modalidades del crimen organizado.
Con las mismas prerrogativas que ofrece la modalidad Obras por Impuestos (OxI), corresponde al sector privado utilizar el sistema (SSxI). Esta iniciativa estudiada por Acción Popular interpreta el sentir colectivo y exige que el Gobierno facilite su funcionamiento. La multiplicación delincuencial tiene que parar; en consecuencia, afrontémosla eficaz y eficientemente a través de una reforma profunda que formulamos. El reto es complejo pero remontable con iniciativas vanguardistas como la modalidad mencionada.

*Ex senador de la República

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