Contra los más vulnerables
En 2019, mil doscientos bebés prematuros recién nacidos murieron por un conjunto de omisiones atribuibles al Estado peruano. La ministra de Salud ha señalado que la falta de incubadoras no es la única razón por la cual esas inocentes y vulnerables vidas se han perdido, sino que adicionalmente el Estado no cuenta con unidades de cuidados intensivos debidamente implementados, infraestructura adecuada y personal especializado.
Pese a ello, ha intentado eximirse de responsabilidad, señalando que la problemática proviene de gestiones anteriores y por la falta de gestores en los gobiernos regionales en la actualidad. Sin embargo, los 1,200 niños murieron durante sus ocho meses de gestión, en la que ha demostrado carecer de todo sentido de urgencia ante la gravedad de las circunstancias.
Evidentemente, la vida de los niños que nacen prematuros corre alto riesgo y, precisamente por ello, bajo los estándares de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, deben ser atendidos con urgencia, en instituciones de salud con la debida habilitación, aptas en su infraestructura, equipamiento o higiene para brindar prestaciones médicas, por profesionales y técnicos calificados para tal actividad. Incumplir con ello, puede implicar la violación del derecho a la vida. (Casos Poblete Vilches y otros Vs. Chile y Suárez Peralta Vs. Ecuador) La ministra de Salud es una profesional de trayectoria en el sector, por lo que, así como no puede alegar desconocimiento de la emergencia, tampoco puede evidenciar la adopción de medida urgente alguna para salvar la vida de los niños más vulnerables del Perú.
Tras ocho meses, solo lamenta la situación y atribuye la responsabilidad al pasado y a funcionarios de menor jerarquía. Todas las omisiones expuestas, en aplicación del Derecho nacional e internacional, suponen responsabilidad del Estado peruano por violación del derecho a la vida de niños prematuros recién nacidos, por lo que las 1,200 familias que perdieron a sus seres queridos tienen derecho a que se establezcan las responsabilidades administrativas y penales correspondientes, así como a percibir una justa y pronta reparación a cargo del Perú.
En buena cuenta, la incapacidad de gobierno y de gestión actuales, es la que nos lleva al serio problema en el que, si no se atienden las justas expectativas de justicia en el Perú, podría llevar al Estado peruano a responder ante instancias internacionales. Ante ello, no importa un mensaje del Presidente o de sus ministros condoliéndose con el dolor de las 1,200 familias. Esto es más serio que su propugnado adelanto de elecciones con el supuesto “clamor del pueblo”, esto es tan grave que, por no tomar acciones urgentes, antes que, con el pueblo, están contra la dignidad y vida de los más vulnerables del Perú.
MIGUEL ÁNGEL SORIA FUERTE
