Convivencia social bajo extorsión

Sorprende que nuestras autoridades no comprendan el verdadero impacto generado por el reciente paro de 48 horas convocado por transportistas, bodegueros, comerciantes de mercados, informales y gremios de construcción. Bastó un solo día para comprobar la existencia de un sentimiento de rechazo compartido en el imaginario popular contra la inacción del gobierno frente al avance incontenible de mafias que se apropian ilegalmente del territorio, y someten a nuestros emprendedores a un sobrecosto que perjudica el futuro de sus negocios, poniendo en jaque el ejercicio de su libertad para hacer empresa en el país. Phase Consultores estimó que el costo económico del primer día de paro habría ascendido hasta 106 millones de soles.
Las cifras de esta problemática que azota el país hablan por sí solas: casi un 50% de 490 empresas de transporte en Lima y Callao son extorsionadas, pagando cupos que van entre mil y 30 mil soles diarios (fuentes: ATU y ANITRA). A julio de 2024, cerca de 9 mil de 22,500 bodegueros fueron extorsionados, cerrando 2,600 bodegas en 2023 por el cobro de cupos (fuente: Asociación de Bodegueros del Perú). Un comerciante informal, de los 8 mil ambulantes en Gamarra, puede pagar entre 300 y 1,500 soles a bandas de extorsión, llegando a pagar hasta 4 mil soles mensuales por derecho de piso para ingresar a vender en la zona (fuente: Asociación empresarial Gamarra Perú). La paralización de obras de construcción durante el primer semestre de 2024 generó pérdidas por 1,200 millones de soles, siendo gran parte destinado a cupos y extorsión (fuente: Capeco).
Lo cierto es que, más allá de las cifras, el impacto de la paralización lograda por esta medida de fuerza instala el problema de la inseguridad ciudadana, la extorsión y el cobro de cupos como un tema clave en la agenda del país, que trasciende lo estrictamente económico y se convierte en un catalizador social y político. Por ello, es absurdo que el gobierno confronte a estos sectores, que debería verlos como aliados estratégicos y no como enemigos políticos.
El absurdo llega a tal punto que convierte a otros actores políticos, que sí son minoría, en protagonistas de una acción ciudadana que claramente no fue promovida por ellos. No hay peor error que atribuir a tus enemigos políticos logros que no tienen, por miedo ante las críticas públicas que hagan en los medios de comunicación. Esto es una expresión de no comprender que el arte de la política es la administración del conflicto y de intereses diversos, y por ello la solución es dialogar y concertar, no confrontar.
Si se tuviera inteligencia gubernamental y política, nos daríamos cuenta de que la reciente paralización ciudadana tuvo éxito porque tocó una vena que atraviesa todo el tejido social, poniendo en riesgo la convivencia en sí misma. El secreto es comprender que las mafias organizadas desde la ilegalidad vienen enfrentándose a los informales, no solo a los formales.
El juego de ajedrez está clarísimo: o hacemos un frente común contra los criminales, o dejamos en manos de grupos sin mayor representación la definición de las nuevas reglas del orden social. Seguir la ruta gubernamental de la confrontación es un gravísimo error que podría costarnos muy caro, porque rompe la esencia misma de la convivencia social, necesaria para vivir en paz y hacer empresa con éxito.

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