Corea del Sur no romantiza las dictaduras

La destitución del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, tras la declaración de la ley marcial que anulaba derechos democráticos, demuestra cómo la memoria histórica, una ciudadanía empoderada y una cultura democrática pueden converger para rechazar el autoritarismo en cualquiera de sus formas. Este caso contrasta, marcadamente, con la respuesta que tuvo Perú ante el golpe de Estado de Pedro Castillo, donde, luego de su detención, parte de la población salió a las calles a respaldarlo.
La historia de Corea del Sur está marcada por episodios de represión bajo regímenes autoritarios, como la masacre de Gwangju en 1980, que dejó centenares de muertos y simboliza el costo humano de las dictaduras. Estas experiencias traumáticas han fortalecido una cultura de resistencia frente a cualquier intento de concentrar el poder. Además, la proximidad geográfica y el contraste ideológico con Corea del Norte refuerzan la importancia de la democracia como un bastión contra los abusos de un Estado totalitario.
En Corea del Sur, la democracia no es simplemente un sistema de gobierno, sino un valor profundamente arraigado. Por eso, cuando Yoon intentó justificar la ley marcial bajo el pretexto de amenazas internas y externas, la reacción fue inmediata y masiva, mostrando cómo una ciudadanía comprometida puede actuar como un contrapeso efectivo a los excesos del poder.
En Perú, el golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022 generó una respuesta mixta. Aunque las instituciones democráticas lograron contener su ruptura con el sistema, parte de la ciudadanía se movilizó en su apoyo, buscando validar un acto abiertamente autoritario. Este fenómeno refleja una romantización preocupante de las dictaduras como herramientas para alcanzar objetivos políticos o económicos.
La romantización de las dictaduras suele ignorar sus costos reales: los regímenes autoritarios concentran el poder en pocas manos, eliminan los contrapesos democráticos y, a menudo, recurren a la violencia para silenciar a la oposición. Estos sistemas generan desigualdad, polarización y, en muchos casos, estancamiento económico a largo plazo debido a la falta de transparencia y rendición de cuentas.
Es probable que la validación social de los regímenes autoritarios esté relacionada con la desconfianza en las instituciones. En Perú, la corrupción endémica y la gestión pública deficiente erosionan esta confianza, mientras que en Corea del Sur, una democracia funcional coexiste con desarrollo tecnológico y calidad de vida. Aunque Corea del Sur también enfrenta casos de corrupción, la impunidad en Perú es lo que genera gran desconfianza en el sistema.
Según el Índice de Democracia 2023, Corea del Sur obtuvo una puntuación de 8.01, siendo considerada una ‘democracia plena’ (puesto 23 a nivel mundial), mientras que Perú alcanzó solo 5.81, lo que lo clasifica como ‘régimen híbrido’ (puesto 77). Por otro lado, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional otorgó a Corea del Sur una puntuación de 63 (puesto 31 entre 180 países), en contraste con los 33 puntos de Perú, que lo ubican entre los países con mayor percepción de corrupción en América Latina.
Lamentablemente, la democracia, en cualquier sistema, es frágil, y depende de la cultura cívica y democrática de los ciudadanos para mantenerla en circunstancias de crisis, como la que vivió Corea del Sur.
Construir una democracia funcional en Perú requerirá no solo fortalecer las instituciones y combatir la corrupción, sino también fomentar una cultura democrática que rechace cualquier tentación autoritaria, para lo cual resulta urgente encontrar mecanismos para terminar con la impunidad, lo que solo se logrará con una ciudadanía empoderada y consciente de su responsabilidad de exigir transparencia y justicia, elementos clave para un desarrollo sostenido y equitativo.

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