Coronavirus: volatilidad normativa y las pensiones de los colegios

Los colegios tienen la obligación de cumplir con el deber de dar información sobre las pensiones que van a cobrar y tienen que informarlo en dos oportunidades: en noviembre (30 días antes de finalizar las clases) y, también, 30 días antes del inicio de la matrícula.

El problema es que la información de noviembre ha quedado desfasada, pues recientemente se ha dado un nuevo marco normativo para las clases, cambiando sustancialmente las características de la semipresencialidad.

En efecto, bajo la normativa anterior, se entendía que las clases presenciales dependían de dos factores: la decisión de los padres de familia (si votaban a favor de la existencia de clases presenciales) lo cual podía ser una respuesta negativa, y lo segundo, si los colegios podían cumplir con el distanciamiento de por lo menos dos metros en las aulas.

Esto último, en particular, hacía imposible que los colegios pudieran brindar clases presenciales al 100% de sus alumnos y los obligaba a desarrollar solo clases semipresenciales, programando la concurrencia de los alumnos por pequeños grupos (para mantener el distanciamiento de 2 metros) mientras que los demás se encontrarían en sus casas recibiendo clases sincrónicas o asincrónicas de modo virtual.

El nuevo marco normativo, Resolución Ministerial 531-2022, eliminó la voluntad del padre de familia y exige ahora que los alumnos vayan a clases presenciales y para ello ha reducido el distanciamiento a un metro, lo cual hace viable prácticamente para todos los colegios las clases presenciales.

Sin embargo, ¡hay un problema! las horas de dictado de clases pueden ser solo de 4 horas según dicha norma, lo que hace imposible cumplir con el plan de estudios, lo cual obliga a los colegios a completar las clases presenciales con clases virtuales; planteándose una semipresencialidad con otras características; pues ahora todos los alumnos (y no pequeños grupos) van los mismos días a clases presenciales y complementan su formación en casa. Ello, sin perjuicio de implementar las clases sincrónicas a los que por razones de vulnerabilidad o morbilidad no pueden recibir clases presenciales.

El ministro de Educación ha anunciado que las clases “podrían pasar de 4 horas a 6 horas” y que las clases comenzarían el 28 de marzo. Estas marchas y contramarchas normativas que ha dado el Gobierno y que, en honor a la verdad, no se deben solo a los desencuentros entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, sino sobre todo a la crisis sanitaria que nos sigue golpeando, impide a los colegios tener, a estas alturas, una idea clara de cuáles son los costos a trasladar en las pensiones.

La información que se dio en noviembre correspondía claramente a la existencia de clases semipresenciales con una asistencia por grupos; la normativa actual obliga a la asistencia al 100 % por 4 horas y a complementar las clases presenciales con clases virtuales; probablemente en los próximos días se plantee el 100% de presencialidad por 6 horas. Todos estos cambios entre noviembre y marzo repercuten en el volumen de personal, costos de prevención sanitaria, acondicionamiento de aulas, instalaciones, etc.

Habrá colegios que de repente en noviembre acertaron con la pensión que puedan cobrar en marzo y otros que necesitarán replantearla para hacer viables sus servicios dentro de los estándares de calidad ofrecidos a sus usuarios.

Lo central aquí es manejar este asunto con transparencia y razonabilidad. Primero, comunicar y explicar a los padres de familia cuál es la pensión que corresponde a las circunstancias actuales, y por qué aquella que se informó en noviembre no corresponde a la realidad. Lo segundo, tener presente las facilidades que se puedan dar a los padres para el pago, dado que las circunstancias han afectado tanto al colegio como a sus usuarios.

Esta información, si bien difiere de la de noviembre de 2021, no sería inoportuna puesto que el marco normativo está en cambio constante y naturalmente afecta el diseño de la oferta educativa del propio colegio. Nadie está obligado a lo imposible y no se puede obligar a nadie a ser exacto respecto de una realidad que empezará en marzo de 2022 bajo un esquema diferente al que regía en noviembre de 2021. Ni los efectos del coronavirus ni el cambio normativo están en la esfera de control de los centros educativos.

No cabe duda que los colegios harán lo posible por evitar la conflictividad con los padres y plantearán solo los reajustes indispensables; pues no solo son conscientes de su rol sino también que el retiro de sus estudiantes no solo frustra el proceso educativo sino también la viabilidad del propio colegio.

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