Costo de vida y desconcierto

Mientras crece la incertidumbre frente al resultado de la segunda vuelta electoral, la sensación de inseguridad jurídica disparó el dólar por encima de los tres soles con ochenta céntimos y, con él, el precio del pollo, del pescado, de las legumbres y tubérculos, es decir, de todos los productos de pan llevar, en un escenario en el cual, por efectos de la pandemia, la población enfrenta un día a día de mayor pobreza e informalidad. Hay que imaginarnos si esta incertidumbre se convierte en realidad hasta qué niveles podrían elevarse los precios imponiéndonos un costo de vida imposible de asumir por la gran mayoría de peruanos, situación que escaparía a cualquier control estatal, por más confiscaciones o inmovilización de depósitos en moneda extranjera existentes en el país se disponga. Se paralizaría el aparato productivo.
La gasolina también ha tenido un alza muy violenta. Basta visitar los grifos para darnos cuenta de que, de una semana a otra, el costo por octanaje ha variado de modo repentino con tendencia creciente día a día. Esto, aunque se diga que solo afectaría a los dueños de vehículos particulares sino también al transporte público y de carga pesada, por más concesiones tributarias que se les brinde respecto de la gasolina pues también el costo de repuestos se eleva y los peajes también. Si sube la gasolina, también se disparan los precios de bienes y servicios en medio de una situación de pobreza con pandemia incluida.
El sistema financiero y bancario no entiende que no es el momento de asfixiar a sus deudores sino de buscar alargar plazos, bajar intereses, disminuir costos de administración, eliminar sanciones por moras, entre otros, para evitar la ruptura de la cadena de pagos. Total, la gente no está pagando porque no quiera sino porque no puede y no por su culpa, sino por decisiones estatales ante la crisis sanitaria, que la han dejado empobrecida.
Lo mismo podemos decir de la Sunat, que se ha lanzado a la yugular de los contribuyentes, afectando especialmente a los más pequeños, cuando su política tenía que reorientarse para alargar plazos y reducir los enormes intereses que aplica.
Todo esto también alcanza a los prestadores de servicios públicos de agua, luz, tributos municipales, inclusive el de internet que se ha constituido en un servicio básico porque la educación, la administración de justicia, trámites en el sector público y demás, se hacen de manera virtual.
No asfixiemos a la población porque si esta llega al hartazgo, su reacción puede tornarse violenta con tanto agitador suelto por allí, con discursos totalitarios que culpan al sistema democrático de gobierno basado en el equilibrio de poderes por la pobreza en aumento en los sectores menos favorecidos.

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