Costos de la debilidad institucional

Resulta inútil aislar los temas públicos que padecen falta de atención en nuestro país y lanzar soluciones mágicas, cortoplacistas y carentes de perspectiva integral, como si apenas bastara un chasquido de los dedos para encaminarlos.

El horror ciudadano ante las consecuencias solo revela nuestro gusto colectivo por echar el polvo debajo de la alfombra.

No debería ser difícil entender, por ejemplo, que la crisis de Petroperú y la ausencia de una respuesta del gobierno al consistente y serio plan de reestructuración propuesto por el directorio (al parecer, con los días contados) tienen un cordón umbilical con la ineficacia de la lucha contra la minería ilegal y el conjunto de la criminalidad organizada.

También se relacionan con los indicadores de inseguridad alimentaria, que un necio ministro de Agricultura relativiza sorprendiéndonos mediante la tesis de “peruanos con hambre cero”, y con la desnutrición crónica infantil, la cual se ha incrementado del 11 % al 12,2 %.

Asimismo, con la indiferencia del Congreso al pedido del presidente del Poder Judicial para que se apruebe la ley de flagrancia, herramienta con la que –entre otros aspectos– se podría ampliar la detención preliminar de los delincuentes convictos y confesos de 48 a 72 horas, abriendo paso a la consolidación de un sistema relativo a esa figura penal. E igualmente, con la inaudita flexibilización de la evaluación para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums), dejando de lado el peso específico sobre la materia de la academia peruana.

Hemos ingresado al galope en un periodo de desinstitucionalización nacional que algunos advertimos hace mucho tiempo, focalizando primero nuestro interés en el lento pero nocivo proceso de debilitamiento de las estructuras partidarias llamadas a forjar la voluntad ciudadana.

Se plasmó la idea de que “democracia” era permitir que las organizaciones políticas se multiplicaran como conejos si alguien resistía a las existentes, sin mejorar estas últimas, rompiendo sus moldes centralistas y permitiendo hacer la pelea en los bien definidos espacios de derecha, centro e izquierda. Incluso promovieron esas cabezas de ratón llamadas “movimientos regionales”, que felizmente hoy están en vía de extinguirse.

Con todo esto vino el transfuguismo (en las elecciones de 2021, hubo 665 candidatos al Parlamento que cambiaron más de una vez de camiseta partidaria), la identidad oportunista con las opciones registradas en el Jurado Nacional de Elecciones (en los mismos comicios, un 43 % del conjunto de tales candidatos se afilió al partido por el cual postularon el último mes del plazo para inscribirse), la filtración de agendas fácticas e ilegales (Nancy Obregón y Elsa Malpartida en el Partido Nacionalista de Ollanta Humala, 2011), y un largo etcétera.

Si trasladamos al plano económico el precio de tanto desbarajuste, ya hemos mencionado anteriormente las cifras: la mayoría del Congreso aprobó, en el periodo 2020-2024, 101 leyes de dudosa consistencia, con un costo de 86 mil millones de soles, más del 8 % del PBI según los cálculos de la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal.

Hoy, muchos se rasgan las vestiduras, habiendo contribuido a este cuadro patético y brutal. La historia igual les pasará la factura.

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