¡Crimen de lesa humanidad en Perú!

Nunca olvidemos –por más que haya pasado demasiado tiempo, amable lector– que el Estado peruano sigue estando en manos de incontables incapaces profesionales. Si un principiante quisiera conseguir algún trabajo –sin saber leer ni escribir–, pues ahí tiene las puertas abiertas del Estado. Basta tener amistad con otro analfabeto dentro del aparato estatal o, mejor todavía, conocer a algún politicastro ignorante que ocupe un escaño en el poder Legislativo y/o lleve el fajín de ministro.
La verdad, amable lector, es que la incapacidad en el Perú ha pasado a ser un recurso muy útil, porque le permite al inepto ubicarse en cualquier puesto estatal. Desde ministro hasta lo que usted alucine, dentro del frondoso árbol de posibilidades que ofrece el Estado. Básicamente, esto vale para los ciudadanos menos indicados para trabajar al servicio de los treinta y tres millones de sufridos peruanos. Con mayor razón aún, para hacerse cargo de algún puesto en uno de esos mortuorios llamados “hospitales del Estado”, donde la incapacidad es la mejor tarjeta de presentación para ocupar un alto cargo.
El tarjeteo, junto al compadrazgo, se han convertido en abrepuertas para que cualquier menesteroso tenga un puesto en este, cada vez más tenebroso, aparato estatal que, en vez de funcionar eficientemente en beneficio de las sufridas mayorías, les hace la vida cuadritos, obligándolas a hacer colas eternas para obtener partidas de nacimiento, DNI, brevetes y cuanto trámite simule que somos un país del primer mundo, aunque administrado por un indescriptible gobierno nacional con 25 incalificables gobiernos regionales, municipalidades y un sinnúmero de espacios que albergan probablemente a dos millones de personas, setenta por ciento de las cuales carecen de título profesional. ¡Peor, sin haber concluido la escuela primaria!
Esta, amable lector, es la realidad de nuestra idiosincrasia incrustada en el llamado Estado peruano: gente mayormente ágrafa y vehementemente incapaz, lastrada por una muy profesionalizada haraganería.
Sirva esta crudeza para describir una de las graves taras nacionales, haciendo la salvedad de que, aunque en minoría, tenemos –contados con los dedos de una mano– a magníficos profesionales prestando servicios al Estado. Sin embargo, al final del día, la mayoría omisa anula todo esfuerzo por parte de nuestra selecta burocracia.
Ejemplo de todo esto es la grave información que graficó ayer EXPRESO sobre la crisis que asfixia a nuestros hospitales y, consecuentemente, diezma a la población. Tras la atroz experiencia causada por el COVID –con todos los nosocomios estatales desprovistos de camas UCI, balones/tanques de oxígeno, pruebas rápidas, etc. y, en general, sin medicinas–, a la hora undécima, tras acopiar 220,000 muertos por la pandemia, el Estado adquirió aquel equipamiento básico para la Salud Pública.
Sin embargo, cinco años después, se repite el mismo cuadro. El informe que citamos de EXPRESO revela la magnitud de la crisis en los nosocomios del Estado, donde la gente sigue muriendo a la espera de ser atendida porque, nuevamente –¡nadie dice por qué!–, no existen suficientes camas UCI, y los demás equipos hospitalarios están aparentemente obsoletos o malogrados.
¡Esto se llama crimen de lesa humanidad!

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