Crisis en Semana Santa

Estos días de semana Santa sirven para la reflexión. ¿En qué comunidad habitamos? ¿Cuánto damos para mejorar la sociedad que nos permite crecer? ¿Cuánto hacemos por quienes más necesitan de nosotros? Si lo propio hicieran quienes detentan el poder, otra sería nuestra situación y nuestro destino como país. Lamentablemente, ocurre todo lo contrario. Es lo que sentimos y percibimos todos los días y con más fuerza desde que asumió la responsabilidad de gobernar el profesor Pedro Castillo.

No hemos tenido un momento de tranquilidad. La incertidumbre y desazón son parte de lo cotidiano. No sabemos qué rumbo toma el gobierno. Ignoramos cuál es el perfil de país que el mandatario quiere construir. Sus propuestas de campaña fueron de espanto para gran parte de la población y ahora, ya en casa de Pizarro, hemos ingresado al mundo de la contradicción permanente, lleno de mensajes confusos, inciertos, de marchas y contramarchas, de destrucción sostenida y permanente de la institucionalidad del estado, del gobierno, del sistema democrático, que es lo más preocupante. Lo trivial, lo simple, el desorden, el desacato a la ley y las normas, el caos generalizado, parecen ser lo natural en el quehacer diario.

La Defensoría del Pueblo, en su último reporte de conflictos sociales, correspondientes al mes de marzo y primeros días de abril de este año, registró 208 conflictos sociales en el país, de los cuales 160 son activos y 48 se mantienen como latentes. En este período surgieron seis nuevos conflictos. Todo un récord y premio a la ineficiencia de las autoridades y funcionarios del gobierno encargados de enfrentarlos y resolverlos. No hay otra manera de entenderlo. Cuatro de los seis nuevos conflictos tuvieron su origen en la inoperancia del Gobierno nacional y los otros dos tienen que ver con asuntos de gobierno local y de tipo socioambiental, señala el reporte. Y si tomamos en cuenta lo ocurrido el año anterior entre enero y marzo, tenemos que la tendencia de los conflictos es a incrementarse, lo cual dice mucho de cómo se están manejando estos hechos.

Recientemente hemos visto cómo el conflicto de los transportistas de carga pesada, sumado a los reclamos de los agricultores y ganaderos lecheros en distintas regiones del país, tuvieron pliegos específicos de reclamos en razón a sus necesidades. Al sumarse los pobladores de la ciudad de Huancayo, quienes protestaron por el alza del costo de vida, el gobierno reacciono con cierta prontitud, aunque las medidas que fue ofreciendo, a decir de los expertos, no estuvieron debidamente sustentadas y sí tenían un fuerte componente populista para bajar la tensión de los pobladores cuyos reclamos iban en aumento por distintos lugares del país.

Seguimos sumergidos entre los reclamos activos y latentes de la ciudadanía y los discursos del gobierno que lejos de ofrecer respuestas coherentes pareciera estar sembrando expectativas difíciles de conseguir.

En este contexto se advierte también evidente desdén de las autoridades hacia los familiares de las personas muertas y 146 heridos en los recientes conflictos sociales que reclaman justicia, mientras que, de otro lado, los organismos competentes de perseguir los delitos y hacer justicia han focalizado sus investigaciones en los familiares directos y amigos muy cercanos al mandatario al encontrarles indicios de actos de corrupción, con mandato de detención e impedimento de salida del país. Entretanto, en el Congreso de la República, la Comisión de Acusación Constitucional ha recibido el mandato de investigar la denuncia planteada contra el presidente Castillo por traición a la patria, dictamen que deberá estar listo en 15 días. Así las cosas, estamos por concluir la Semana Santa, dentro de un ambiente político de crisis y de mucha incertidumbre, donde cualquier cosa puede suceder.

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