Crisis política inocultable
Persiste la incertidumbre política. No es una novedad. Hace lustros se silenciaron actos de corrupción de “personalidades” gobernantes y “descubiertas” (2006) aún no concluyen las investigaciones y/o procesos judiciales. El último Presidente electo “como mal menor” pretendió disolver el Congreso (07/12/2022) y fue vacado con 101 votos de congresistas entre los que estaban de “su propia” bancada “política”. Se declaró su permanente incapacidad moral y, en consecuencia, en aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115° de la Constitución, fue reemplazado en el Congreso por su primera vicepresidenta la abogada Dina Boluarte. La detención del vacado profesor Pedro Castillo generó una nueva confrontación, la que del Congreso saltó a las calles y plazas de provincias y Lima: unos “exigen” elecciones generales inmediatas y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte; otros han agregado una “asamblea constituyente”. No obstante que la presidenta Boluarte solicitó al Congreso que apruebe las medidas para realizar el adelanto de elecciones generales, en el Poder Legislativo un sector ha dificultado la aprobación de las normas para realizar dichas elecciones. Saben los congresistas que serán inmediatamente reemplazados por electos en las elecciones generales que solicita la actual Presidenta y exigidas por los manifestantes.
Es necesario observar las situaciones que está generando la actual grave crisis política y con consecuencias sociales y económicas para el país. En provincias y Lima turbas llenan calles, plazas y carreteras pidiendo “que se vayan todos” (del Ejecutivo y Legislativo), elecciones inmediatas y “asamblea constituyente”. Se ha probado que hay quienes “sufragan” el transporte y alimentación de los “movilizados” y, obviamente, de agitadores profesionales con antecedentes y también delincuentes. Objetivo: “tomar” carreteras, realizar saqueos, incendiar dependencias públicas, generar enfrentamientos con la policía produciendo heridos y muertos incluyendo policías. Finalidad: paralizar toda actividad productiva y la laboral para producir el colapso económico con consecuencias políticas.
No obstante, en el Congreso persiste una confrontación. Hay congresistas que están porque se aprueben las normas legales que permitan que de inmediato haya elecciones generales, pero otros parlamentarios no ocultan su interés de quedarse en sus “cargos” alegando que fueron electos hasta el 2026. No ocultan su interés por seguir percibiendo sus remuneraciones mensuales y anuales “de congresistas”. Hay abogados que argumentando “legalidad” justifican que “fueron electos hasta el 2026”.
¡La crisis persiste! Si el Congreso no aprueba el pedido para adelantar las elecciones, será responsable del agravamiento de la crisis.
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