Crisis por desconexión y desconfianza
La crisis peruana se origina por la desconexión entre el gobierno y la ciudadanía, marcada por una falta de liderazgo y una comunicación que no cumplen con las expectativas. Este gobierno, con sus intentos por solucionar la criminalidad con medidas legales insuficientes y su tendencia a señalar culpables, ha perdido la confianza pública. El gabinete de Dina Boluarte, con declaraciones desacertadas como “la tranquilidad es absoluta”, “en Ecuador y Chile hay más muertes (por criminalidad)” y “un paro o dos no va a resolver el problema”, ha enfrentado un rechazo creciente. El medio norteamericano de izquierda progresista The Intercept, conocido por publicar los Wikileaks de Snowden, ha posicionado a Dina como la presidenta más rechazada del mundo, buscando debilitar la imagen y legitimidad internacional del país a pocas semanas del APEC. Según este medio, se atribuye el aumento de la criminalidad a leyes aprobadas recientemente.
Un lector se hará la pregunta: ¿Cómo haremos un APEC con el crimen organizado? Los mensajes incompletos y la memoria selectiva nos hacen olvidar la acelerada migración de venezolanos, especialmente entre 2017 y 2018, con PPK y Vizcarra. En el 2018, se introdujo en el Perú el “Tren de Aragua” y los retos de seguridad jamás fueron resueltos, ni se aumentaron los recursos policiales, desviando el foco del combate efectivo contra el crimen hacia la crítica a la Policía y los derechos humanos.
El problema actual no solo radica en la retórica. La falta de coordinación entre poderes del Estado, organismos sociales y fuerzas del orden ha agravado los conflictos internos. Las fallas en abordar la inseguridad, el tratamiento superficial de la crisis económica y la respuesta insuficiente ante la migración irregular demuestran una clara desconexión con las preocupaciones ciudadanas. Boluarte se equivocó al comparar las marchas actuales con las revueltas que enfrentó al asumir la presidencia. Mientras que ahora en algunas regiones del sur, la colaboración cívico-policial ha mostrado resultados prometedores y han podido trabajar con normalidad, Lima y otras zonas norteñas enfrentan una creciente ola de inseguridad, exacerbada por medidas de emergencia ineficaces.
Las tensiones entre la Policía Nacional y organismos de derechos humanos, como la CIDH y su promotora, el IDL, dificultan la acción policial y debilitan aún más la capacidad operativa del Estado en momentos críticos. La intromisión de estas organizaciones, sumada al Colegio de Abogados de Lima, que está en desacuerdo con el proceso de renovación de autoridades de la JNJ, solo muestra su sesgo sin límites hacia los suyos. Además, los fiscales supremos fueron denunciados constitucionalmente por no acatar la ley que faculta a la Policía Nacional a realizar las investigaciones preliminares.
Se necesita un liderazgo que vaya más allá de la confrontación para enfocarse en una comunicación clara, honesta y alineada con las necesidades reales de la ciudadanía. Frente a desafíos como APEC, el gobierno debe establecer un diálogo constructivo que supere posturas inflexibles y se conecte con las expectativas sociales. De lo contrario, este Foro podría verse complicado por agendas violentistas. Los transportistas han convocado un paro para el día 11 de noviembre, y sus intereses son divergentes de los gremios empresariales, sindicatos de la construcción y otros sectores.
Restaurar la confianza en las instituciones peruanas requiere de un cambio de enfoque inmediato. El Ejecutivo debe dejar de lado la confrontación y optar por una comunicación clara, alineada con las expectativas de la ciudadanía. Fortalecer la colaboración entre la sociedad y las fuerzas del orden, así como promover un liderazgo audaz y responsable, es esencial para reconstruir la legitimidad perdida. El gobierno necesita actuar con transparencia, mostrar resultados tangibles y asumir los costos políticos necesarios para recuperar la estabilidad.
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