Crisis sin fin

Los congresistas cuyas viviendas y oficinas fueron allanadas la semana pasada están involucrados en la red de corrupción de Pedro Castillo y sus secuaces, según la Fiscalía. Si se les suman 'Los Niños' identificados antes, el violador desaforado y el sentenciado en Piura, son 26 implicados en hechos delictivos, es decir el veinte por ciento del Congreso de 130 miembros. Aunque probablemente falten otros de los cuales se sospecha pero que aún no han sido descubiertos. Para no mencionar a los exministros procesados y prófugos y al delincuente recluido en la Diroes. Nunca había ocurrido esto antes en la historia política del Perú.

Esto es producto, como he señalado en otro artículo, del proceso de destrucción de los partidos políticos que tiene más de tres décadas; de las reformas políticas del Lagarto y la coalición vizcarrista, diseñadas por los caviares; y de la tendencia de los electores a elegir a los peores entre los candidatos disponibles. (El Reporte, 'Los Niños' y la decadencia, 26/3/23).

La situación es más peligrosa todavía porque a la cabeza del gobierno está Dina Boluarte, que ahora tiene acusaciones graves por su desempeño en la campaña electoral y sus vinculaciones con bribones como Henry Shimabukuro y Vladimir Cerrón, con los cuales mantenía relaciones económicas más que dudosas.

Además, por supuesto, de su obvia irregularidad de origen: siendo funcionaria del Reniec postuló a la vicepresidencia a pesar de que eso estaba expresamente prohibido por la ley.

Todo eso la convierte en vulnerable a los ataques y aumenta la posibilidad de que en un momento de agudización de tensiones, esos argumentos se conviertan en motivos para defenestrarla. Es decir, en el Perú de hoy, la Constitución y las leyes son elásticas, y su interpretación depende del momento y la fuerza política de los involucrados.

El asunto es que Boluarte pende de un hilo, aunque algunos ingenuos creen que está sólidamente afianzada. Carece de partido, de bancada parlamentaria, de respaldo popular y su gestión es mediocre. Se sostiene porque el Congreso, poblado de delincuentes y sinvergüenzas, se aferra a la posibilidad de durar hasta el 2026 y para eso necesitan que ella siga en la presidencia. Pero en un ambiente tan inestable y turbulento como el que existe en el Perú, eso puede cambiar en un instante.

No obstante, si eso ocurre y el Gobierno se derrumba, las perspectivas no son mejores. Así como nada garantiza que, en el caso de que los congresistas corruptos sean desaforados y reemplazados por sus accesitarios, estos sean mejores, tampoco es probable que en las siguientes elecciones los gobernantes y congresistas sean superiores en capacidad y honradez que los actuales. Ni que los electores elijan con más criterio.

En suma, la democracia fallida no puede ser regenerada con sus propios mecanismos, controlados por quienes han contribuido a desmantelarla. Se requieren otras alternativas para reencauzarla y recuperarla.