Cruzada contra el acoso político
La lucha contra la corrupción se ha vuelto la herramienta favorita para ganar o recuperar el poder político. La táctica es simple pero efectiva: acusar sin sustento, inflar las historias con narrativas sesgadas, y montar un espectáculo de persecuciones y acosos. Los objetivos suelen ser figuras emblemáticas, como Alberto Fujimori y Patricia Benavides, quienes han marcado un antes y un después en la política peruana. Fujimori, recordado por su rol decisivo en la lucha contra el terrorismo y la recuperación económica, y Benavides, por su firme oposición al golpista Castillo.
La liberación de Fujimori ha generado una ola de desconfianza hacia Perú, exacerbada por la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta entidad intentó, sin éxito, anular la libertad otorgada por el Tribunal Constitucional, cayendo en la paradoja de criticar a Perú, tildándonos de “país paria”, mientras ignora las violaciones de derechos humanos en países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Natale Amprimo señaló acertadamente que la CIDH no tiene competencia en este asunto, considerando que el indulto presidencial es una facultad constitucional en Perú con dos siglos de historia. La CIDH parece empeñada en volver a encarcelar a Fujimori, dispuesta incluso a transgredir su propio reglamento en nombre de un supuesto “derecho a la venganza”. Ante estas continuas muestras de injerencia, la Cancillería debería considerar retirarse de la competencia contenciosa de la CIDH, lo cual sería una respuesta justa y necesaria.
El discurso de victimización ha empezado a perder impacto, abriendo los ojos de muchos debido al aburrimiento que genera. La liberación de Fujimori se percibe cada vez más como un acto de valentía y compasión, teniendo en cuenta su avanzada edad y estado de salud. Figuras como el embajador Carlos Pareja han cuestionado las declaraciones polarizantes del Cardenal Barreto, quien describió el indulto como una “cachetada al país”. Pero, como señala el embajador, el cardenal pasa por alto los principios de perdón y misericordia promovidos por la Iglesia y el Papa Francisco. Se ha revelado que fue el mismo Sumo Pontífice quien sugirió a PPK otorgar el indulto humanitario a Fujimori en 2017, “suéltalo che”. En tiempos de persecución política, la prudencia y la reflexión deberían ser las guías de la Iglesia.
María Simma, una conocida religiosa católica por su don de visitar las almas del Purgatorio, mencionó en una entrevista –relatada en el libro “¡Sáquennos de aquí!”– cómo los verdaderos culpables en los casos de suicidio suelen ser aquellos que difaman y acosan, llevando a las personas al límite. Una muestra de esta tragedia la vivimos con un expresidente emblemático y los responsables de su persecución.
Patricia Benavides, por su parte, argumentó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) actuó con motivaciones políticas, con antelación y a una velocidad sospechosa, especialmente considerando la coincidencia de fechas con el aniversario del fallido golpe de Castillo. La fluida liberación del colaborador eficaz Javier Villanueva –exsecretario general de Pablo Sánchez, Fiscal de la Nación–, en el contexto del proceso contra Benavides, sugiere una operación bien orquestada.
Tras la suspensión de Benavides, Juan Carlos Villanueva asumiría el cargo de Fiscal de la Nación, ante la delicada situación de salud de Pablo Sánchez, quien declinaría al cargo. Esto plantea una pregunta clave: ¿se presentarán acusaciones contra los congresistas que se opusieron a la Junta Nacional de Justicia? Circulan rumores de una “Operación Armani” u “Operación Valkiria”, supuestamente destinadas a desmantelar el Congreso mediante acusaciones ruidosas y campañas mediáticas. Estas maniobras podrían poner en peligro los cimientos de nuestras instituciones democráticas y el desarrollo económico del país.
Es hora de decir ¡basta! al acoso político.
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
