Cuando una fiscal se siente que está por encima de la ley

En el Perú, estamos acostumbrados a presenciar con dolor cómo se erosiona la institucionalidad, pero pocas veces lo hace una autoridad que, por mandato, debería protegerla. Esta semana, la suspendida fiscal suprema Delia Espinoza ha protagonizado un lamentable episodio que hiere no solo al Ministerio Público, sino a todo el sistema de justicia: ha tildado de “cobardes” a sus propios colegas fiscales supremos, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, por acatar su suspensión en el cargo dispuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ); ha llegado al extremo de llamar “delincuentes” a los miembros de la JNJ que tomó esa decisión, y afirmar que los congresistas se creen fiscales y jueces, desconociendo abiertamente los trámites parlamentarios.
He dedicado gran parte de mi vida al servicio del Estado, luchando contra la corrupción. Lo hice con convicción, muchas veces con frustración, pero siempre con la fe puesta en algo que creía inquebrantable: la ley, las instituciones, el orden democrático.
¿Desde cuándo cumplir la ley es motivo de agravio? ¿En qué momento empezamos a considerar la insubordinación como un acto de coraje? ¿Qué clase de país estamos construyendo si una fiscal suprema desacata abiertamente una resolución firme y legítima, y denigra públicamente a sus pares por no sumarse a su insubordinación?
No es valentía desobedecer la ley. No es heroísmo insultar a los que sí la cumplen. Lo que estamos presenciando es una peligrosa mezcla de soberbia e impunidad que golpea, una vez más, la ya deteriorada credibilidad del Ministerio Público, que hoy necesita firmeza, integridad, liderazgo responsable y que sus representantes entiendan que el poder que tienen no es para servirse de él, sino para servir al país.
Cuando un fiscal supremo se coloca por encima del ordenamiento jurídico, ya no hablamos de autonomía, sino de soberbia. La fiscal Espinoza no ha sido perseguida ni víctima de una vendetta política, como pretende argumentar. Ha sido suspendida conforme a un procedimiento legal, en virtud de las facultades constitucionales que posee la JNJ. Los fiscales que acataron esa decisión no lo hicieron por temor, sino por respeto al Estado de derecho, algo que ella, paradójicamente, parece no comprender o simplemente desprecia.
Nadie está por encima de la ley. Ninguna toga, por brillante que sea, puede proteger la soberbia ni justificar la desobediencia.
Lo que ha hecho la señora Espinoza no es un gesto de valentía. No es una rebelión digna ni una defensa heroica. Es un acto de ego herido, disfrazado de lucha institucional. Porque cuando una autoridad desobedece una decisión legal y lanza graves acusaciones, no está defendiendo la justicia. Está atacando la democracia y desprestigiando la institución que representa.
Hoy más que nunca, debemos recordar que obedecer la ley no es un acto de debilidad, sino de convicción democrática. Lo que sí es cobardía es disfrazar la desobediencia de heroísmo.

Por Katherine Ampuero Meza

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