¡Cuidado!: con la pretendida Escuela de la Magistratura

Puede intentar tener buena intención la iniciativa legislativa que pretende crear la Escuela Nacional de la Magistratura en reemplazo de la hoy Academia de la Magistratura, pero terminaría siendo únicamente para “vestir un santo, desvistiendo a otro”; pues, como muchas veces lo hemos manifestado, el problema de las instituciones del Estado no es su organización ni estructura, sino las personas que las integran, y que son las que las hacen funcionar, bien o mal.

La crítica que viene recibiendo, desde hace ya mucho tiempo, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, no es consecuencia del cómo se les ha estructurado sino el resultado de la conducta y comportamiento de algunos de sus integrantes, que no han sabido actuar cuidando su independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones y, por el contrario, han visto sometidas sus decisiones jurisdiccionales a la presión política y mediática, en lugar de actuar con libertad, amparados en las normas legales que regulan su funcionamiento.
El nivel de la idoneidad y capacidad de los jueces y fiscales, en primer lugar, corresponde a la predisposición individual de cada uno de ellos, quienes, desde sus estudios universitarios (independientemente de la universidad pública o privada en la que se hayan formado profesionalmente), han tenido el interés y preocupación de ser buenos profesionales del Derecho. Los cursos de especialización, así como los de posgrado, contribuyen a mejorar el estándar de la calidad profesional del magistrado y, si a ello se agrega el ofrecerles una Academia de la Magistratura, como la que actualmente se tiene, que le brinde estudios directamente vinculados sobre lo que constituye ser su labor funcional, mucho mejor.

Inclusive, el permitirles a los magistrados que ejerzan la docencia universitaria, indirectamente, es una forma de motivarlos para que desarrollen su nivel académico y mejoren su calidad profesional, la cual considero, además, no debería tener la limitación del número máximo de horas que hoy se tiene establecido. Pues, el que los jueces y fiscales trabajen (según ellos mismos lo manifiestan en sus procesos de ratificación) más de doce horas (“llevando trabajo a sus casas”) podría ser considerado como un mérito personal, pero un gran demérito y demostrada falta de capacidad de las principales autoridades que dirigen las instituciones que ellos integran.
La gran carga procesal que tiene que enfrentar la administración de justicia, es consecuencia de la falta de una buena organización y de disponibilidad presupuestaria. Por lo tanto, hay que comenzar por atender estos asuntos en lugar de incrementar la burocracia de aquellas instituciones a las que les reclamamos justicia, pero justicia oportuna y justa.
Y, lo que sí se requiere, y de inmediato, es despolitizar el ente que se encarga de seleccionar y nombrar a los magistrados en todos los niveles; es decir, cambiar el origen de la selección de los que integran la mal llamada Junta Nacional de Justicia (debía haberse conservado la denominación de Consejo Nacional de la Magistratura), y cuyo nombramiento corresponde a una “Comisión Especial”, presidida por el Defensor del Pueblo (cuya designación tiene origen político, al igual que la del presidente del Tribunal Constitucional y del Contralor General de la República, quienes también conforman esta “Comisión Especial”).
Para ello, no es necesario darle muchas vueltas a este asunto. Suficiente con revisar el cómo se conformaba el anterior Consejo Nacional de la Magistratura, cuya designación de sus integrantes estaba desvinculada de un origen político y, por el contrario, eran las instituciones que, relacionadas con la administración de justicia, las que elegían a sus representantes.

La actual Junta Nacional de Justicia “se hizo” tan mal que, los legisladores que la crearon, ni siquiera se dieron cuenta que las altas autoridades que están sujetas al control y fiscalización de dicha Junta también integran la “Comisión Especial” que selecciona a los “junteros”. Me refiero al presidente de la Corte Suprema y al Fiscal de la Nación quienes, como miembros de dicha Comisión, seleccionan a quiénes lo van a fiscalizar.
Esta contradicción no puede seguir existiendo. Todavía estamos a tiempo de poderla revertir. En manos del Congreso está la solución. Espero que se ocupen de ello de una vez.

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