Cuidemos la economía en último año de Dina Boluarte

Entramos a la cuenta regresiva del último año de gobierno de Dina Boluarte, donde la frivolidad, la desvergüenza, la mendacidad y el dispendio se han institucionalizado en complicidad con el Congreso, que la ha blindado a tiempo completo; defensa de la gobernabilidad la han llamado. Afortunadamente, la solidez de las reglas de la economía ha hecho que camine sin afectación severa, pero que ha habido daño es innegable.
El déficit fiscal ha sido uno de los peores perjuicios, y habiendo buenos vientos en la economía internacional, nuestro crecimiento del PBI ha sido magro. La baja inflación, la fortaleza y la estabilidad de nuestra moneda es un mérito del Banco Central de Reserva, demostrando la bondad de la independencia que le dio la Constitución de 1993.
En los meses que vienen, tenemos que ser acuciosos censores del déficit fiscal, de la correcta ejecución de la inversión pública y del cofinanciamiento de las asociaciones público-privadas (APP). Tarea difícil de seguir por su carácter especializado, y donde las grandes consultoras se hacen de la vista gorda y la Contraloría va camino a emular a la del segundo mandato de Alberto Fujimori, que terminó con un contralor en prisión.
En el tema de las APP, hay una voluntad de acelerar el otorgamiento de concesiones, que es donde se debe tener cuidado extremo. Tenemos experiencia de contratos con serios defectos que nos han convertido en el top de los países demandados en procesos arbitrales en el CIADI, con una mayoría de laudos donde el Estado peruano tiene que pagar altísimas pretensiones de los demandantes.
Recordemos los casos Chinchero, Línea 2 del Metro y Gasoducto Sur Peruano (GSP), donde ya tenemos laudos adversos. En Chinchero, una pésima redacción sobre el reconocimiento de la tasa de interés del financiamiento del concesionario ha sido el problema; en la Línea 2, demasiados artículos contractuales interpretables que han devenido en que, luego de 11 años, aún no se termine la obra y en reconocimiento de adicionales; y en el GSP, una inexplicable custodia de bienes.
En los casos señalados, nunca se ha escuchado la voz crítica de los promocionados ejecutivos de las consultoras, por lo que habrá que estar atentos a los nuevos contratos para alertar de aquello que pueda afectar el interés del Estado.

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