Cumpla la Ley, canciller Landa
En un Estado de derecho las leyes deben cumplirse. Lo sabe bien el abogado César Landa, profesor de derecho, expresidente del Tribunal Constitucional y hoy canciller del Perú. Lo sabe, pero violenta ese principio designando embajadora de nuestro país en Noruega a la señora Isabel Soria Reátegui porque la referida dama no cumple las exigencias legales para ocupar ese cargo.
La Disposición Complementaria de la Ley del Servicio Diplomático, No. 28091, en efecto, señala que “solo en casos excepcionales y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el Presidente de la República puede nombrar como Embajador del Perú o representante ante organismos internacionales, sin pertenecer al Servicio Diplomático, a quien cumpla con los siguientes requisitos: a) Ser peruano de nacimiento; b) Tener capacidad y versación notoria; C) Prestar o haber prestado destacados servicios a la Nación; D) Observar una correcta conducta pública y privada; D) Carecer de antecedentes penales”.
Más adelante, la norma establece que ese personal no debe exceder del 20% “del total de los Jefes de Misión Diplomática y Representaciones Permanentes que el Perú tenga acreditados en el exterior”.
Asimismo, el artículo 110 de la carta fundamental precisa que el Presidente es el “Jefe del Estado y personifica a la Nación” y el artículo 118 le concede, como una de sus atribuciones, “dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y ratificar tratados”, así como “nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso”.
Es decir, el Gobierno no puede nombrar “embajadores políticos” a ciudadanos o ciudadanas que incumplen las exigencias antes indicadas. Y, en ese sentido, de los documentos alcanzados al Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega se desprende que la señora Isabel Soria Reátegui no consigna ninguna experiencia en asuntos diplomáticos o en el ámbito internacional. El examen de los certificados presentados en busca del plácet o consentimiento noruego sólo registra que ha seguido estudios técnicos en la industria del vestido en un centro de confecciones y de diseño arquitectónico en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, no concluidos. La incompatibilidad es manifiesta.
¿Por qué el ministro Landa ha dado luz verde a esa designación, conociendo que viola la Ley del Servicio Diplomático, desplazando al embajador Gustavo Otero, prestigiado funcionario que no ha cumplido dos años en esa misión? ¿No recuerda, al menos, que el mismo camino errado siguió su predecesor Óscar Maúrtua proponiendo como embajadores en Panamá y Suecia, a los señores Richard Rojas y Eliseo Soria, que no recibieron el beneplácito de esos gobiernos por no estar calificados? ¿No percibe que hay una elevada indignación nacional debido a que militantes de Perú Libre están copando los puestos del Estado, la mayoría sin reunir las mínimas condiciones para servir a la Nación y que la propuesta de Torre Tagle abulta el sofocante malestar ciudadano?
Hay muchos casos de embajadores políticos que desarrollaron un excelente trabajo en el exterior: Javier Pulgar Vidal, notable geógrafo, como embajador en Colombia; Augusto Ferrero, presidente del Tribunal Constitucional, en Roma; el periodista Alfonso Grados Bertorini, en Argentina, o el empresario Carlos Raffo Dasso en el Reino Unido.
No podemos pasar por alto que la señora Soria es activista de Perú Libre en Suecia y recolecta firmas para la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Está en su derecho hacerlo. Nadie cuestiona que ejerza esa actividad política, como tampoco su conducta comprobadamente honorable, pero ello no la convierte en persona calificada para desempeñar una embajada. En todo caso, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso debe invitar al canciller para explicar esa designación.
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