DBA = Derecha Bruta y Achorada

Patricia Benavides, Fiscal de la Nación, ha tipificado como delito de GENOCIDIO la muerte de 40 personas, entre civiles, soldados y policías, ocurridas en las protestas sociales en diciembre 2022 - enero 2023.
La autoría le imputa a la presidenta Boluarte.

Como no puede acusarla por estar en ejercicio de la presidencia, ha anunciado la investigación preliminar. Esta sería la 1ra carpeta preliminar de Boluarte. Con Pedro Castillo hubo cerca de 60 carpetas y cantidad de fiscales interrogándolo mañana, tarde y noche y citaciones a la Fiscalía. Se sometió a todo, incluso allanamientos de Palacio; es decir, Castillo como Jefe de Estado, Jefe de la Fuerza Armada y Policial y Personificación de la Nación, declinó toda dignidad convirtiéndose en trapo de piso de la Fiscal.

Dina Boluarte ya notificada concurrió a la Fiscalía; pero fue tratada, por el momento, no como investigada sino solo como testigo.

Calificar los hechos de diciembre 2022-enero 2023 como «genocidio» y cambiar simplemente los estatus de «investigada» a «testigo», revela inexcusable irresponsabilidad e ignorancia en el Derecho y la moral.

Al efecto: Constitución. «Artículo 159. Atribuciones del Ministerio Público : 1) Promover de oficio o a petición de parte, la ACCIÓN JUDICIAL…, 2) Velar por la independencia de los organismos jurisdiccionales…, 3) Representar en los procesos judiciales a la sociedad…, 4) Conducir desde su inicio la investigación del delito…, 5) Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte, 6) Ejercer iniciativa en la formación de las leyes ; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República…».

Entonces, la función de la Fiscalía es meramente judicial. La burrada y achoramiento de la Fiscal es que ha convertido a la Fiscalía en un poder político.

A la fecha, la Fiscalía ya ha tomado Palacio y tuvo arrinconado al Presidente anterior y ahora intenta hacer lo mismo con Dina. Patricia Benavides acaba de nombrar una Comisión de expertos para que analicen la «matanza o genocidio» de diciembre -enero últimos; hechos que autorizan pensar que la Fiscal puede intervenir al Congreso pues tiene un presidente usurpador, una serie de derroches y termine ordenando la captura del usurpador y el allanamiento del Congreso.

Cabe recalcar que atribuir la responsabilidad de los muertos de las protestas de diciembre y enero últimos a la presidenta Boluarte es una arbitrariedad pues las FF.AA. recién la reconocieron el 1 de marzo último.