De la informática a la transformación digital

La transformación digital en el Perú es el proceso continuo, estratégico y de cambio cultural que se sustenta en el uso intensivo de las tecnologías digitales, sistematización y análisis de datos para generar efectos económicos, sociales y de valor para las personas y las instituciones.

La sociedad de la información en el Perú empezó a forjarse con La Agenda Digital Peruana, publicada en julio de 2005, y años después (2011) el Estado reconoció su importancia para su reforma con el “Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información – La Agenda Digital Peruana 2.0”. En general, la sociedad de la información es aquella en la cual la creación, distribución y manipulación de la información forman parte importante de las actividades culturales y económicas del país.

Su implementación y regulación por parte del Estado ha tenido varios enfoques en el tiempo: inicialmente el de “Informática”, que era la incorporación de las Tecnología de la Información y Comunicaciones (TICs) para la sistematización, procesamiento automático, organización y explotación de la información en las instituciones públicas (equipos, redes, servidores de internet y software básico).

Luego (2005), vino el enfoque de “Gobierno Electrónico”, que promovía el uso de TICs en la gestión articulada del Estado, y su regulación y estandarización, para mejorar los servicios e información ofrecida a los ciudadanos (transparencia); se hizo importante la coordinación, la conectividad y la comunicación.

Posteriormente (2017), se gestó el enfoque de “gobierno digital”, donde se hizo un uso estratégico de las tecnologías digitales y de datos en la administración pública para crear valor público; siendo importante la articulación de los servicios públicos y sus plataformas para atender al ciudadano y a las empresas (servicios digitales, búsqueda de Cero papel).

Finalmente (2019), llegamos al enfoque de “Transformación Digital”, que es todo aquello que involucre el uso de tecnologías informáticas en diversos productos, servicios y procesos, y estrategias con la finalidad de hacerlos más eficaces, eficientes y accesibles. Siendo importante, la articulación de la información al 100% entre las instituciones y la gestión de plataformas únicas de servicios al ciudadano.

La economía del siglo XXI es global y digital. Las tecnologías digitales y la propia internet permiten transacciones nacionales e internacionales, nuevos modelos de negocio, conexiones y un acceso a la información sin precedentes.

Existen tres pilares de nuestra economía interconectada: las plataformas en línea, los flujos de datos transfronterizos y la seguridad digital, que deben impulsar el crecimiento y la prosperidad e inclusión, pero también asumir los riesgos y desafíos de política que conllevan.

En el Perú, el ente rector en la Transformación Digital es la Secretaría Nacional de Gobierno y Transformación Digital, ubicada en la Presidencia del Consejo de Ministros, que recientemente ha dado a conocer algunos progresos en sus indicadores internacionales; situación que se ha logrado porque el Perú ha cumplido el 100% de las recomendaciones del Estudio sobre la Gobernanza Pública OCDE 2016 en materia digital y del Informe de Gobierno Digital en el Perú OCDE 2019.

Sin embargo, a nivel del ciudadano y social hay muchas observaciones a los servicios digitales que presta el Estado, que deberían ser remediados.

El portal del Estado ofrece menos información que los anteriores portales institucionales. Además, falta promocionar el conocimiento en el sector público, no existe un Lineamiento Nacional de Política para su gestión, ni para la instrumentalización de repositorios digitales institucionales y la sistematización del conocimiento.

El trámite digital es un avance, pero la demora en la atención de los expedientes es un cuello de botella que debe superarse para mejorar la calidad del servicio público.

Hay avances en la inclusión financiera a través de la billetera digital; pero la seguridad del sistema del Banco de la Nación es deplorable en materia financiera para un buen servicio.

Asimismo, preocupa la baja seguridad de los datos personales y públicos de los usuarios del sistema financiero, así como la poca conectividad en el sector educación y salud.

Hace falta abordar el tema de la Carpeta Ciudadana, que garantice cuáles son los datos personales y cuáles los datos públicos, lo que implicaría una nueva forma interactiva de certificar, actualizar, verificar y protegerlos.

Esperemos que, bajo la nueva estrategia de modernización de la administración pública de “Gobernanza Pública”, se resuelvan estos problemas. Aunque según la OCDE existen avances significativos, se mantienen deficiencias graves en la digitalización de los servicios públicos como educación, salud, banca pública y Poder Judicial, por falta de sistemas de control.

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