Decidamos la pena de muerte en democracia antes que los extremistas la promuevan

Me preocupa muchísimo que la muerte -hace 6 días- de una menor de 11 meses de edad, cuyo padre de 18 confesó haberla ultrajado y que muriera por un fuerte golpe en la cabeza, no haya tenido el impacto de condena por parte de la opinión pública como en otros tiempos.

Pareciera que produciéndose con regularidad en nuestro país haya comenzado a normalizarse pasando a un segundo plano la conmoción nacional. En marzo de este año el caso de intento de violación sexual contra una niña de 11 años en un caserío en Ucayali, cuyo atacante incrustó dos clavos en su cabeza, me recordó al de otra niña de 3, secuestrada, torturada y violada en Chiclayo en 2020 y a otro más de una infanta, también de 3 años, hallada muerta en Inambari, Madre de Dios, con signos de ultraje, en 2021.

Se trata de una desgraciada recurrencia que NADIE resuelve en el país porque falta carácter. Por enésima vez alzo mi voz para EXIGIR la pena de muerte para los violadores de menores que fallecen como consecuencia del execrable acto, de lo contrario la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Constitución Política de 1993 seguirán siendo letra muerta para los 7 millones de niños del Perú.

Es un completo despropósito que, ante su notoria vulnerabilidad e indefensión, el Estado peruano y directamente me refiero al Gobierno Nacional, que está obligado a garantizar que su integridad personal -física y psíquica- no sea violentada, siga de brazos cruzados, por el profundo temor a tomar la decisión de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica que nos impide aplicar la referida pena. Una completa tragedia que nuestro país cuente con gobernantes a los que les tiembla todo el cuerpo sin pensar en los intereses nacionales.

Si el Gobierno no lo hace, el Congreso de la República debe tomar el toro por las astas y concretarlo. Si seguimos actuando con escandalosa indiferencia ante este gravísimo problema, vamos a dar paso a una etapa de ira nacional incontenible y explosiva que podría ahondar nuestra fractura histórica, plato servido para los anarquistas de hoy. ¡Cuidado con eso! Para no quedarnos sin supranacionalidad, también vuelvo a proponer que consensuemos, con el derecho internacional en la mano y seriamente, con los países de la Comunidad Andina, un tribunal de Derechos Humanos.

Los denominados abolicionistas de la pena de muerte activarán su maquinaria para seguir con la trillada de siempre, es decir, de que la pena de muerte no disuade, olvidándose de que nadie que sepa que la sanción por violar será la muerte, se atreverá a hacerlo. También volverán a decir que la tendencia mundial es la referida abolición y que los jueces pueden errar, etc., como si en los países muy desarrollados la administración de justicia es perfecta. Resolvamos democráticamente este flagelo antes que los radicales o extremistas lo promuevan.

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