Decidan qué cosa quieren reformar…

Se habló de reformar el diseño estatal para la lucha efectiva contra la corrupción y, hasta ahora, a pesar de la existencia de la ostentosa CAN, cuya secretaría ejecutiva depende del primer ministro y de las políticas y decisiones que este adopte —que no serán otras que las acuerde el Consejo de Ministros—, nada se ha logrado hasta la fecha y no se logrará nada en el futuro por los enredos de ilegalidad imputados a todo nivel en el Estado.
La sola prédica de conceptos de ética y estructura de la moral, que se ha puesto de moda en las entidades públicas, sin un sistema de control efectivo para un saneamiento eficaz con destituciones y procesamientos penales, de ser el caso, será solamente un soplo ineficaz que ingresará por un oído y saldrá por el otro, mientras todo seguirá igual.
Se sigue hablando de políticas y planes de seguridad para enfrentar al crimen organizado, que viene haciendo lo que le da la gana en el país: asesinando a diestra y siniestra, destruyendo bienes, boicoteando el emprendimiento de pequeños empresarios que se ven obligados a cerrar sus negocios, amagando sobre el transporte público, pero, fundamentalmente, corrompiendo a las autoridades encargadas de perseguirlo y eliminarlo o paralizándolas con amenazas contra su integridad física o la de sus familias.
Cada día es más alarmante el número de casos de corrupción policial que aparecen en todos los medios de comunicación. También, cada día es alarmante la aparición de policías que ya conforman sus propias bandas criminales, mientras que fiscalías y juzgados deciden liberaciones de sujetos detenidos en cuasiflagrancia, aplicando criterios ultragarantistas obtenidos de un mundo jurídico irreal. En esto también todo sigue igual.
Se ha puesto de moda hablar sobre una urgente reforma del sistema de justicia, que también constituye un anhelo impostergable de la población. Desde el poder, unos creen que hay que reformar solo el Ministerio Público, otros que solo el Poder Judicial, y algunos que la reforma debe comenzar por el sistema penitenciario, debatiendo sobre cuál sería el mejor lugar para construir cárceles, pero sin definir sus características ni el marco normativo de tratamiento ni del ajuste de los controles frente a una corrupción que todos sabemos anda desbocada.
En torno al Ministerio Público y al Poder Judicial escuchamos opiniones nada integrales, por la fragmentación mental existente, porque nadie analiza a esas entidades como unidades de producción de servicios para definir, primero, la eficiencia o nula capacidad de sus órganos de gobierno; segundo, las deficiencias en planta respecto a infraestructura, bienes, equipos tecnológicos y procedimientos internos idóneos; la tercera, relacionada ya con el trabajo de los encargados de materializar el servicio; y, la cuarta, el trato al usuario y la gigantesca corrupción existente.
Si todo está mal y debe reformarse, ¿cómo se entiende que en el Congreso se pretenda mantener en el cargo a quienes han llevado a esas instituciones a la situación actual?

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