¿Decir la verdad es políticamente incorrecto?

En el Perú existe una separación de poderes. Las instituciones públicas deben mantener correspondencia y articulación para lograr sus metas y objetivos. Esta articulación y permanente coordinación debe realizarse en el marco de la consideración y respeto de sus respectivas funciones y competencias legales. Dentro de las instituciones encargadas de administrar justicia, los aspectos de coordinación y articulación deben ir mucho más allá, pues de este compromiso depende la eficacia o el fracaso de las políticas del Estado Peruano en la lucha frontal contra la delincuencia común y organizada, que cada día arrincona a una población sumida en el temor por la violencia extrema y el uso de armas letales por parte de estas bandas u organizaciones criminales.
Sin embargo, todo el Perú es testigo permanente y habitual del comportamiento antisocial, abusivo, arbitrario y, en ocasiones, evidentemente negligente, por decir lo menos, del Ministerio Público. Bajo el manto de un fracasado código procesal penal, los fiscales vienen cometiendo excesos inaceptables y hasta ilegales, tirando por la borda el sacrificado trabajo de la Policía Nacional, liberando de manera recurrente a peligrosos delincuentes, pese a la abundante carga probatoria y elementos de convicción suficientes para ser procesados y luego sentenciados.
Esta situación ha generado una indignación general, especialmente en la Policía Nacional del Perú. Por este motivo, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha tenido una actitud valiente al salir al frente y denunciar públicamente estas malas prácticas del Ministerio Público, evidenciando sus excesos, que afectan permanentemente el trabajo de la Policía Nacional en sus importantes logros de desarticulación de organizaciones criminales, con la detención de sus integrantes, incautación de armas de fuego, posesión de drogas, etc. Sin embargo, inexplicablemente, muchos fiscales, de manera abusiva e ilegal, liberan a los detenidos argumentando supuestas “faltas de prueba”, “excesivo tiempo de detención”, entre otros motivos, atentando contra la eficacia de la lucha contra la delincuencia y creando, cada vez más, una evidente sensación de inseguridad ciudadana y de impunidad.
El Fiscal de la Nación (e), Juan Carlos Villena, lejos de hacer una autocrítica o proponer y disponer la ejecución inmediata de medidas correctivas para superar estas desavenencias, ha salido con actitud iracunda a despotricar del ministro del Interior y a defender el fuero del Ministerio Público de manera amenazante. Incluso ha llegado a decir que “prefiere ser enemigo del Ejecutivo antes que ser amigo”. Estas afirmaciones de Villena solo agudizan una crisis evidente que es necesario superar, ya que, mientras esto sucede, la delincuencia no da tregua y el ciudadano de a pie es el que sufre la indolencia del Ministerio Público, reclamando una profunda y urgente reorganización.

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