Declarar en emergencia las fiscalías de lavado de activos
Una cosa era el intervencionista proyecto de ley del presidente Vizcarra para declarar en emergencia el Ministerio Público (MP), que por inconstitucional tuvo que ser retirado por el propio Ejecutivo, y otra cosa es que la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, reestructure o reorganice, por ejemplo, las fiscalías de lavado de activos dentro del marco de la ley orgánica del MP, su reglamento y otras normas anticorrupción, a fin de sacarlas del caos en el que se encuentran.
La gota que rebasó el vaso para pensar una medida radical, pero justa y sensata, ha sido la filtración del acuerdo preparatorio de colaboración con Odebrecht, no realizada la semana pasada desde las redes sociales sino hace mes y medio cuando la web de IDL-Reporteros publicó textualmente varias de sus cláusulas y alcances.
Si bien el susodicho “acuerdo” tiene que ver con el caso Lava Jato, no podrá negarse que en esencia ese tema cae en el ámbito de los fiscales especializados en lavado de activos, siendo necesario –ante el escándalo de su contenido– el concurso de más magistrados dada la ineficacia de Rafael Vela y Domingo Pérez para negociar, peor cuando hay tantos cabos sueltos y huecos por parchar, evidenciándose la urgencia de comprometer a más fiscalías para que se hagan cargo no de cuatro proyectos de Odebrecht sino de más de 22 ejecutados entre el 2004 y 2015, y acaso más de setenta si sumamos aquellos de los años noventa.
¿Dónde quedan los proyectos Olmos, Chavimochic, Línea 2 del Metro, Gasoducto Sur Peruano, Rutas de Lima, IIRSA Norte, etc.? Pues así como van las cosas en el MP, el caso Odebrecht le queda bastante grande a quienes hoy lo tienen entre sus manos; y ese lujo de ineficacia no se puede dar el Estado cuando estamos en el “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”, máxime cuando Odebrecht recurre a tribunales internacionales y arbitrajes para cobrarle al Perú más de US$ 4,000 millones por reparación civil.
Eso es inaceptable porque encima de que Odebrecht nos robó hay que pagarle una millonada, y desproporcionadamente a la luz de un acuerdo donde solo se compromete a reparar al Perú con exiguos S/ 610 millones y en cómodas cuotas anuales hasta el 2033. De modo que, dentro del marco de la Constitución y la ley, la doctora Zoraida Ávalos tiene que dar un golpe de timón para reorganizar las fiscalías de lavado de activos y medir a cada una en función de sus resultados, productividad y acusaciones formuladas, debiendo dar prioridad a los casos más complejos y con imputados peligrosos.
Eso implica involucrar más magistrados con experiencia, simplificando previamente la carga de los despachos de lavado de activos donde hay un pobre avance, con el objetivo de focalizarse en la acusación a Toledo por el tema Ecoteva, en la acusación a funcionarios de Proinversión y ayudar a desentrañar los proyectos de Odebrecht indicados líneas arriba. Pero ello exige a su vez un sinceramiento para sobreseer, por ejemplo, el caso de personas de la tercera edad con carpetas que tienen seis o siete años en investigación y sin acusación alguna a la vista.
@RRomeroVISTO
