Dejemos de burocratizar la solución de los problemas
Los efectos de la acción de la naturaleza, como consecuencia del llamado "Ciclón Yaku", que viene generando en el norte del país, además de pérdidas de vidas humanas, incalculables daños materiales, como la lamentable experiencia que se vivió con el "Fenómeno del Niño Costero" en el año 2017, nuevamente nos obliga a reflexionar sobre lo que se hizo o dejo de hacer para hacer frente a las necesidades que tenían que atenderse de la población afectada.
En ese entonces, y según se dijo, con la intención de coordinar la labor de atención de la zona norte del Perú, se creó la ARCC – Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, asignándole un cuantioso presupuesto que permitiría trabajar en el restablecimiento de lo social y económico de la indicada zona. Estamos cerca a que se cumplan seis años de su creación, y la referida "Autoridad" sigue existiendo con una frondosa burocracia pero, que se sepa, según la información que se conoce, la "reconstrucción" continúa y los afectados aún no perciben realmente el trabajo de dicha "Autoridad", y ya tenemos un nuevo fenómeno natural que se suma al del año 2017.
Si se revisa en la estructura de la administración del Estado, desde el lado del órgano Ejecutivo, nos encontramos que, además del Sistema de Defensa Civil, existen otros mecanismos orgánicos "especializados" para la atención de eventualidades que obligan a la reacción inmediata y efectiva de la administración pública, como es el COEN - Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, y el Cenepred - Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Es decir, "orgánicamente", y en forma aparente, todo nos podría llevar a considerar que contamos con los estamentos institucionales, dentro del aparato estatal, que nos permita saber que "todo está suficientemente previsto". Pero, lamentablemente, la realidad es bastante distinta.
Considero innecesario, en estos momentos, tratar de encontrar culpables, identificando a las autoridades gubernamentales que antecedieron a las actuales, para explicarnos por qué no podemos ser más eficientes en atender las emergencias, derivadas de la acción de la naturaleza.
Pues, por el contrario, debe quedar suficientemente claro que no se requieren más "comisiones" o "instituciones" públicas que trabajen en la atención de las urgencias naturales, sociales y económicas. O, lo que es lo mismo, dejemos de incrementar la burocracia estatal y, en su lugar, hagamos que las autoridades de gobierno, en el nivel nacional, regional, provincial y distrital, cumplan con sus funciones que, de acuerdo a ley, se les tiene asignadas a cada una de ellas.
Para conseguirlo, únicamente es necesario tener la capacidad de saber coordinar esfuerzos y voluntades que permitan que, cada una de las autoridades, en lo que le corresponda, cumpla con sus obligaciones, dotándoles de los recursos económicos suficientes y del asesoramiento técnico especializado en las áreas que así lo requieran.
Pero, como la experiencia que en estos últimos tiempos venimos experimentando, derivada de los numerosos casos de corrupción en el manejo de los recursos del Estado, se hace necesario no descuidar de que, sin crear instituciones que incremente la burocracia estatal, se tome en cuenta lo siguiente.
1. Los recursos económicos y financieros que se destinen a los diferentes niveles de gobierno, para la atención de la emergencia, deben ser permanentemente fiscalizados por el ente rector de control (Contraloría General de la República), la cual debe "acompañar", en sus diferentes momentos de decisión, a fin de garantizar el correcto uso del erario nacional. Sistema de control que, por cierto, debe ser rápido y eficiente, evitando que la demora en su trámite produzca un retardo en la atención de la emergencia.
2. Y, en cuanto al asesoramiento especializado, entiéndase bien, no es necesario que se contrate nuevo personal ni tampoco se paguen jugosas sumas de dinero por "consultorías". Pues, los mismos diversos ministerios o gobiernos regionales cuentan con especialistas, como personal rentado permanente, que debe estar en condiciones de poder actuar en atención a los diversas áreas de gestión.
En consecuencia, hay que evitar que injustificadamente aumente el aparato burocrático del Estado y, por el contrario, hacer que la administración pública se haga más eficiente. Para ello, sólo es necesario que la gestión sea más dinámica y actúe planificadamente, no siendo necesario, inclusive, más leyes o decretos que reglamenten el funcionamiento de la administración de la cosa pública.
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