Del grito de 1821 al silencio de 2025

Este 28 de julio, el Perú conmemora 204 años de su independencia, proclamada en 1821 por el general José de San Martín. Esta fecha ofrece una oportunidad para reflexionar con serenidad sobre el significado de nuestro derrotero, sus consecuencias históricas y el rumbo que debemos plantearnos como Nación.
En nuestro país hubo un proceso complejo y difícil de comprender. La emancipación no surgió de una rebelión popular unificada, sino que fue resultado de factores externos: la crisis de la corona española, la independencia de otros virreinatos y la intervención de expediciones libertadoras extranjeras —con apoyo de potencias adversarias al reino hispano—. Fue, en buena medida, un cambio de autoridades más que de estructuras.
Desde el punto de vista económico y de derechos ciudadanos, los resultados no fueron positivos. El virreinato del Perú resultó, en un momento, el más provechoso de España, al consolidar el 64.3 % de su producción. Lejos de instaurar un orden justo y libre, el país quedó en manos de caudillos, élites locales y una administración débil.
En lo político, se sustituyó una monarquía por una república. Sin embargo, nuestras instituciones nacieron frágiles, sin partidos sólidos ni cultura cívica. La vida independiente estuvo marcada por inestabilidad, militarismo, populismo y regímenes autoritarios. La democracia ha sido una conquista intermitente, siempre vulnerable a tentaciones mesiánicas o despóticas.
Uno de los grandes males de la Nación fue el uso del poder y las armas para lucrar con el Estado. Desde las prebendas otorgadas a falsos adalides o las concesiones del guano y el salitre a grupos privilegiados, hasta las redes de corrupción actuales; muchos han visto en el erario una fuente de renta, no un instrumento del bien común.
La libertad económica ha sido más promesa que realidad. El país nunca vivió en igualdad de oportunidades, donde el emprendimiento y el esfuerzo individual permanecieran sin barreras impuestas por el clientelismo, el favoritismo y la burocracia. Durante dos siglos, hubo ciclos de crecimiento sostenido —como en las últimas décadas—, pero también graves crisis por mal manejo estatal, intervencionismo ineficaz, corrupción y factores exógenos. Cuando se promovieron las iniciativas productivas con responsabilidad, se redujo la pobreza y se atrajo inversión. Aún falta, sin embargo, ampliar los beneficios del crecimiento a sectores históricamente excluidos.
La promesa republicana de igualdad ante la ley sigue inconclusa. Persisten disparidades profundas, especialmente en zonas rurales y entre ciudadanos con distinto acceso a salud, educación o justicia.
En lo cultural, si bien el Perú ha avanzado en valorar su diversidad y patrimonio, aún necesita superar visiones maniqueas que oponen lo hispánico a lo indígena, cuando nuestra identidad mestiza debe ser fuente de integración, no de división.
Hoy atravesamos un momento crítico. La fragmentación política, la violencia, la debilidad institucional y el descrédito de la clase dirigente alimentan el escepticismo. Pero este aniversario debe impulsarnos a recuperar el rumbo. No se trata de refundar el país, sino de cumplir las promesas pendientes de la república.
Desde una visión democrática, el reto es fortalecer el imperio de la ley, garantizar libertades, promover una economía abierta con reglas claras y proteger la propiedad, especialmente la de los más pobres. El Perú necesita un Estado eficaz, no más grande; líderes con principios, no con agendas personales; y pobladores que sepan ejercer su ciudadanía.
De cara al proceso electoral, debemos exigir programas viables, respeto institucional y compromiso con la reforma estatal, la seguridad y la educación. No podemos seguir votando por rabia o miedo. Este 28 debe ser más que una fecha simbólica. La república no debe seguir siendo una promesa aplazada. Es hora de hacerla realidad.

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