Delincuencia desbocada
El gobierno demostró absoluta irresponsabilidad cuando el premier Alberto Otárola sostuvo que, para combatir la creciente inseguridad ciudadana, existía un “Plan Boluarte”.
Así lo dijo, sin rubor ni tapujos, respondiendo a periodistas que preguntaron si aplicarían el modelo Bukele.
Por supuesto que entonces, ni ahora, existe un programa coherente e interinstitucional para atender esta problemática, que angustia a la ciudadanía y afecta las inversiones.
Recordemos que este año 194 mil personas han sido detenidas por algún delito y 9 mil bandas criminales fueron desarticuladas, una cifra similar a la registrada el año anterior, que alcanzó 269,473 arrestados y 10,423 bandas diezmadas.
La situación se ha vuelto más grave ante nuevas modalidades delictivas provenientes del exterior, especialmente de Venezuela, que exportó la sanguinaria organización del llamado Tren de Aragua, especializado en sicariato o muerte por encargo, que solo durante el periodo 2023-octubre 2024 asesinó a 172 personas.
Otra forma de crimen introducida en el Perú son los préstamos “gota a gota”, un sistema que consiste en ofrecer créditos inmediatos, sin garantías ni avales, para ser devueltos en 30 días con intereses altísimos que oscilan entre el 10% y el 40%; a quienes incumplen con pagar, los malhechores les propinan una paliza o los matan.
A lo anterior, agreguemos la explotación sexual de mujeres extranjeras, muchas traídas al país con engaños, por mafias que las introducen en el submundo de la prostitución, cobrándoles cupos para que puedan trabajar en las calles; aquellas que infringen sus despiadadas reglas son golpeadas brutalmente, encerradas en cuartuchos sin alimentos durante días o asesinadas a balazos.
Las extorsiones también están en auge. Fieros hampones cobran cupos a transportistas, comerciantes y tenderos. De no hacerlo, sus unidades son atacadas con piedras o vandalizadas. Recientemente, centenares de choferes de ómnibus, micros y otras formas de transporte masivo realizaron una contundente protesta porque no cuentan con seguridad para trabajar.
En ese contexto, subrayamos como otro gran problema la escasa o nula vigilancia en los 7 mil kilómetros de frontera que tenemos con Chile, Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia, donde existe contrabando de oro ilegal, armas, camionetas, mercaderías, narcotráfico, caza ilegal e ingreso de migrantes sin control.
Asimismo, esta semana hemos visto el infame ataque al Grupo Terna de la PNP, que realizaba un operativo antidrogas en el centro de la capital, en la zona de Manzanilla. Los policías fueron agredidos cobardemente con palos y piedras por sujetos que inclusive exhibían armas de fuego y que llegaron al extremo de intentar quemarlos vivos.
Ante ello, los ciudadanos preguntan por qué no hicieron uso de sus armas de reglamento y abatieron a los delincuentes, si están facultados legalmente de acuerdo al artículo 20 del Código Penal, que los exime de responsabilidad. La respuesta la han dado el ministro Santivañez y el general Garrido: no lo hacen porque los fiscales pueden ordenar su arresto, recordando además que varios fiscales y jueces dejan libres a delincuentes, incluyendo a los pillados en flagrancia.
A pesar de estos hechos, la PNP despliega una labor extraordinaria para contener ese tsunami delictivo.
Lo hacen a pesar de sus precariedades y del limitado número de efectivos. En 1990 existían 125,546 agentes. Hoy cuentan con 130,189, en circunstancias que en los 33 años transcurridos la población ha aumentado en 11 millones 600 mil seres humanos. La brecha es, por tanto, de 40 mil faltantes, lo que incide mucho en la seguridad. A lo dicho, debemos agregar otros problemas, todos ellos graves, que abordaremos en el siguiente artículo de esta historia que afecta la vida, libertad y los derechos humanos de los peruanos.
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